La desde hace años muy difícil relación política entre Compromís y el PSPV-PSOE de Oliva, los dos partidos que ahora forman el Gobierno local, acaba de dar un salto que resulta difícil de entender, que es del todo insólito y que supone una amenaza para la estabilidad en la gestión municipal.
El marido de la vicealcaldesa socialista, Ana Morell, interpuso hace seis meses una querella por prevaricación contra el alcalde de Compromís, David González, y contra quien fue concejal de Urbanismo en la pasada legislatura, Vicent Canet, del mismo partido. La acción judicial incluye en el apartado de acusados a otros dos miembros del Gobierno local de la etapa 2011-2015, Yolanda Pastor y Pepe Salazar, que ahora son, respectivamente, concejales de Projecte Oliva y Ciudadanos.
La querella que se interpuso en abril, antes de las elecciones que dibujaron la composición de la actual Corporación Municipal olivense, se refiere a la concesión, y posterior retirada, de una licencia de obras para reformar a la vivienda conyugal de Ana Morell, cuyo promotor es su propio marido, que es quien firma la acción judicial. En la pasada legislatura Morell y el resto de concejales del PSPV estaban en la oposición.
En resumen, el querellante asegura que en octubre de 2014 obtuvo la licencia de obras que solicitó. Poco después, dos ciudadanos de Oliva, entre los cuales una mujer que mantuvo litigios judiciales con Ana Morell, presentaron un recurso para que se le retirara esa licencia de obras, algo a lo que accedió el Gobierno local.
El marido de la vicealcaldesa y promotor de la obra presentó entonces un recurso judicial contencioso administrativo, que ganó y que dio plena validez a la licencia aprobada en 2014. Pese a eso, en febrero de 2019 el alcalde, David González, volvió a retirar la licencia. El querellante asegura que, en todo ese proceso, los técnicos del departamento de Urbanismo y los servicios jurídicos avalaron la legalidad de la obra y de la licencia que le concedió el ayuntamiento, así como que el alcalde se basó en informes técnicos externos para retirársela.
La querella por prevaricación, en la que se acusa a las cuatro personas de la Junta Local de Gobierno que intervinieron en la retirada de la licencia de obra concedida, ya ha tenido consecuencias. El Juzgado de Instrucción número 1 de Gandia ha solicitado al Ayuntamiento de Oliva que remita el expediente urbanístico. Nadie ha sido citado a declarar y, por lo tanto, nadie está judicialmente investigado, pese a lo cual el conocimiento de esta acción de responsabilidad penal ha sacudido no solo al Gobierno local actual, sino también al conjunto de la corporación municipal.
Sobre la cuestión, el alcalde de Oliva dijo ayer a este periódico que no solo está tranquilo con su actuación y la del resto de querellados, sino «con ganas que todo este asunto se aclare lo antes posible», para lo cual está dispuesto «a dar tantas explicaciones como sean necesarias a quien las pida». «No estamos ante un procedimiento normal, sino ante un expediente de legalización de obras ejecutadas sin licencia que, además, destruyó un elemento patrimonial protegido por el PGOU, a pesar de que el mismo promotor había desistido por escrito a realizar dicha obra con anterioridad».
El alcalde añadió, refiriéndose a la sentencia del juzgado contencioso administrativo, que ese órgano «no entró en el fondo de la cuestión, sino en un defecto de forma que el ayuntamiento subsanó para resolver el recurso presentado por dos particulares a la concesión de licencia de legalización. Por tanto, la licencia no tenía carácter definitivo hasta la resolución del recurso, que finalmente fue estimado en base a informes desfavorables a las actuaciones ejecutadas sin licencia».
David González ha aclarado que, previamente al acuerdo de gobierno, informó a la asamblea local de Compromís de la cuestión de la querella, así como de la petición de la Fiscalía a un juzgado de Gandia, «de investigar a Ana Morell por cinco presuntos delitos relacionados con el mismo expediente».
Ana Morell, por su parte, evitó extenderse en sus declaraciones y enmarcó la acción judicial «en el ámbito de lo privado». Yolanda Pastor y Pepe Salazar, también acusados de prevaricar en la querella del marido de Ana Morell, señalaron que solo tienen información verbal de esa acción. «Esperaremos a que la justicia haga su camino para valorar adecuadamente este asunto», dijo Pastor. «Nos hemos enterado por terceras personas», puntualizó Salazar, quien añade que, al menos en su caso, se siente tranquilo de haber actuado «siempre avalado por informes técnicos».
