Los ayuntamientos pueden ser un buen ejemplo de cómo comportarse con responsabilidad a la hora de gestionar lo público. Porque, no hay que olvidarlo, el dinero de las arcas de cualquier institución no es de los gobiernos de turno ni de los partidos que los lideren, es de todos, vecinos y vecinas y, por tanto, si la marcha económica de la administración es buena, a los ciudadanos les irá bien, puesto que eso se traducirá en más y mejores servicios y más y mejores infraestructuras.
Lo contrario es la medicina que los ciudadanos y ciudadanas tuvieron que tomar durante varios años fruto del despilfarro al que se acostumbraron alcaldes y concejales. Hubo años en que existía una fiebre por inaugurar grandes obras y eso, claro, acabó por hacer mella en las cuentas públicas. Eran tiempos en los que endeudarse y pedir créditos parecía deporte nacional.
Pero llegó 2012 y esos gestores recibieron una auténtica bofetada. No física, sino de realidad, la que dejaba a muchos ayuntamientos en una situación muy delicada. La comarca de la Safor no fue ajena a esa situación y ese ejercicio, los 30 municipios que la conforman (no se tiene en cuenta Gandia debido a que su volumen de deuda desvirtúa el dato global) acumulaban un total de 61,6 millón de euros de deuda bancaria. En parte, todo hay que decirlo, se produjo un importante incremento debido a que ese año la mayoría aprobaron sus Planes de Ajuste, que incluía un préstamo del Estado a diez años, lo que aumentaba el endeudamiento.
Ocho años después, la situación es muy distinta. Porque, quitando alguna excepción como la legislatura de Arturo Torró como alcalde de Gandia, donde se disparó la deuda, los ayuntamientos aprendieron la lección y empezaron a cumplir, eso sí, a base de reducir el gasto y las inversiones de manera brutal.
En ese 2012 de referencia, solo dos ayuntamientos estaban sin deuda: Beniflà y Miramar. A ellos no tardó a sumarse Guardamar de la Safor, que debía poco a los bancos. A 31 de diciembre de 2019, es decir, a finales del año pasado, un total de 13 pueblos de la comarca ya no tienen ninguna obligación con las entidades financieras. Se trata de Almiserà, Almoines, Barx, Beniarjó, Beniflà, Daimús, la Font d’en Carròs, Guardamar de la Safor, Miramar, Llocnou de Sant Jeroni, Oliva, Palmera, Rafelcofer y Simat de la Valldigna. Menos aquellas que ya no tenían deuda cuando se formalizó el Plan de Ajuste, el resto ha conseguido amortizar el préstamo muchos años antes de los diez años que tenían como plazo máximo. Oliva es, a su vez, el municipio más grande de la comarca en quedarse sin deuda, algo que logró el pasado año 2018.
Con todo, la deuda total de los municipios de la comarca de la Safor con los bancos se ha reducido hasta los 12,1 millones de euros totales según las cifras recogidas por el Ministerio de Hacienda al cierre del pasado año.
Actualmente el municipio con más deuda bancaria es Tavernes de la Valldigna, que acumula 4,7 millones de euros en préstamos que se van amortizando religiosamente después de partir de una deuda de más de 16 millones como herencia de 16 años de gobiernos del PP . Le sigue Xeresa, con 1,3 millones de euros, y Piles, con 1,2 después de tener que hacer frente al pago de una sentencia. El resto de localidades no llegan al millón de euros. Ròtova, con 894.000 euros también ha recorrido un duro camino hasta ir retornando poco a poco a una situación más cómoda. En el siguiente escalón está Villalonga, con 761.000 euros. En todo caso, estas cifras ya habrán variado y a bueno seguro que la deuda bancaria es mucho menor, ya que los municipios van amortizando préstamos con el paso de los meses.
La cordura parece que ha vuelto a la gestión municipal y, además de no tener deuda, los ayuntamientos tienen dinero en las arcas municipales, una parte importante del cual debe ir precisamente a la amortización de préstamos.
