El Ayuntamiento de Villalonga acaba de acumular la cuarta sentencia de los tribunales en contra de una decisión de traslado de personal, por considerar que no se ajustaba a la ley, después de que los afectados, tres en total, tuvieran que recurrir a la justicia para hacer valer sus derechos.
En este caso ha sido el Juzgado de lo Social número 12 de València el que ha dado la razón a una trabajadora. Hace apenas unos días se comunicaba la sentencia que obliga al Gobierno local, integrado por el Partido Popular, Compromís y Fer Poble, a reincorporar a una auxiliar administrativa al lugar en el que trabajaba desde 2015, que era el propio edificio consistorial.
La resolución judicial anula el traslado, que se materializó en septiembre de 2020 mediante un decreto de Alcaldía, que obligaba a la trabajadora a incorporarse a la Escoleta Infantil la Finestra. La mujer alegó imposibilidad de ello, por motivos de salud, pese a lo cual el Gobierno local mantuvo la orden. El Juzgado de lo Social, sin embargo, ha anulado el decreto, de manera que la trabajadora tiene derecho a incorporarse a su función de auxiliar administrativa en el edificio consistorial.
La sentencia es recurrible, pero, según señalaron ayer fuentes del sindicato Comisiones Obreras, aún se desconoce si el ayuntamiento lo hará.
Antes de esta sentencia se produjo otra que afectaba a un trabajador que ejercía las funciones de alguacil y ordenanza. La concejala de Personal decretó entonces que se incorporara como peón de obras en el cementerio municipal, hecho que motivó la acción judicial del afectado con resolución a su favor que ya se ha cumplido.
El tercer caso, que también fue publicado en este periódico cuando se produjo, afectaba a una trabajadora que tenía su puesto en el ayuntamiento y fue trasladada a la biblioteca municipal. Dos sentencias, una del juzgado de lo Contencioso Administrativo y otra del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, dieron la razón a la afectada, que, según ha señalado a este periódico, esta misma semana ha recibido el visto bueno para poder reincorporarse a su destino y cerrar el contencioso.
Un denominador común tienen los tres trabajadores del Ayuntamiento de Villalonga afectados por estas cuatro sentencias: todos son afiliados al sindicado Comisiones Obreras y una integraba la sexta posición en la candidatura municipal del PSPV-PSOE en las pasadas elecciones.
Ayer, en una nota de prensa, el sindicado Comisiones Obreras señalaba que «vigilará de manera activa» para que las decisiones del Gobierno de Villalonga en materia de personal «sean objetivas y no vulneren los derechos de los trabajadores públicos».
