La oposición de Oliva carga contra Llopis por las irregularidades en los chiringuitos

Las irregularidades cometidas en el proceso de adjudicación de un chiringuito de la playa de Oliva y la investigación abierta para determinar si, como se sospecha, ha ocurrido en los restantes nueve establecimientos veraniegos, ha generado el primer encontronazo político de esta legislatura.

En una poco habitual acción conjunta, los grupos políticos del PSPV-PSOE, Compromís y PP presentaron ayer una moción para exigir la dimisión del concejal de Turismo y Playas, Salvador Llopis, por considerar que era sabedor de esas presuntas irregularidades, pese a lo cual ha compartido sus vacaciones con algunos de los empresarios de los chiringuitos a los que ahora el ayuntamiento va a investigar.

Ana Morell, Yolanda Balaguer y Germán Salazar, portavoces del PSPV-PSOE, Compromís y PP, respectivamente, comparecieron para aclarar que Llopis «no ha actuado con la moralidad que se espera» y que su «amistad manifiesta con los empresarios» en este caso «no tiene nada de inocente».

Por ese motivo los tres partidos de la oposición recusaron inmediatamente el decreto de la alcaldesa, Yolanda Pastor, que situó a Llopis como instructor del procedimiento para investigar las «prácticas colusorias» en el concurso para adjudicar los chiringuitos. «Era como poner al zorro a cuidar las gallinas», señaló la socialista Ana Morell. La petición de los tres partidos fue aceptada por la alcaldesa, que relevó a Llopis como instructor y situó en su lugar al concejal de Contratación, Joan Mata.

Morell hizo un relato del proceso de licitación de los chiringutos, comenzando por la batería de medidas que se aplicaron para evitar acciones fraudulentas, que se han demostrado insuficientes y, a preguntas de este periódico, señaló que el ayuntamiento tendría que haber actuado a partir del 22 de junio, cuando una empresa que se sintió perjudicada presentó un recurso muy bien documentado que permitió constatar esas «prácticas colusorias» .

«Aquí no estamos hablando de ninguna irregularidad en la Administración sino de terceras personas que han actuado contra el interés del ayuntamiento», señaló Morell, quien, junto a Balaguer y Salazar, pidieron aclarar todo lo ocurrido, incluso si ello conlleva la suspensión del concurso de los chiringuitos, que se adjudicó por un periodo de cuatro años y tiene vigencia hasta el verano de 2026.

Al término de la comparecencia de los tres grupos, la alcaldesa, Yolanda Pastor, de PRO, señaló a este periódico que no ve motivos para que Salvador Llopis dimita o sea destituido. «El procedimiento de los chiringuitos es del anterior Gobierno local, los concejales han tenido toda la información solicitada y en este tema habrá transparencia para llegar al fondo».

Veinte empresas renunciaron en una acción para pagar menos

Veinte empresas, nada más y nada menos, renunciaron al derecho que habían obtenido para gestionar alguno de los diez chiringuitos de la playa de Oliva. A falta de que la investigación que se ha abierto lo pueda demostrar, es muy posible que muchas de esas renuncias se realizaron con el objetivo de conseguir la adjudicación pagando lo menos posible, y, por lo tanto, pervirtiendo el objetivo de la Administración, en este caso el Ayuntamiento de Oliva, para conseguir la mayor recaudación posible.

En la comparecencia de ayer los representantes políticos insistieron que, si finalmente se demuestra, se podría hablar de una práctica premeditada y fraudulenta.

Aun así, y cumpliendo con las bases del proceso, cada renuncia supuso un ingreso de diez mil euros para el consistorio en concepto de fianza. Doscientos mil en total.