Oliva vuelve a cambiar al instructor de las irregularidades de los chiringuitos

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Oliva, Germán Salazar, que junto a PSPV-PSOE y Compromís integra la oposición al Gobierno local de PRO y UCIN, ha aceptado la propuesta para ser el instructor del expediente abierto por el consistorio olivense para investigar las supuestas irregularidades cometidas por algunos empresarios en el proceso de adjudicación de los chiringuitos de la playa.

Salazar se convierte así en la tercera persona a quien se le asigna esa gestión. El primero fue el concejal de Turismo, Salvador Llopis, de UCIN, inmediatamente apartado por la alcaldesa, Yolanda Pastor, tras la petición realizada por todos los grupos de la oposición, que lo consideraron inoportuno por sus relación de amistad con algunos de los empresarios a los que se iba a investigar. Su sustituto fue Joan Mata, concejal de Contratación, de PRO, que ya no generó rechazo, pese a lo cual en el pleno de este jueves se propuso que el instructor fuese el popular Salazar.

La alcaldesa Pastor justificó ese cambio, que había sido propuesto por Joan Mata, «en aras de que intentemos un consenso entre gobierno y oposición». Además la primera autoridad local le expresó a Salazar que tanto ella como Salvador Llopis, edil de Turismo, se apartan «para que sea usted, como experto en jurisprudencia, el instructor del tema».

En ese pleno tanto Joan Mata como Yolanda Pastor dijeron que la Alcaldía y el departamento de Contratación estarán a su entera disposición «para lo que necesite de esta cuestión, porque no tenemos nada que esconder».

Pese a esta decisión, los tres grupos de la oposición, entre ellos el PP que lidera Germán Salazar, mantuvieron la moción solicitando la dimisión o destitución de Salvador Llopis por su relación de amistad con empresarios de chiringuitos a los que se considera relacionados con las irregularidades en las adjudicaciones. Pero el equipo de Gobierno Projecte Oliva y UCIN, que suman mayoría absoluta, la rechazaron.

PSPV-PSOE, Compromís y PP coinciden en justificar su moción señalando que, después de enterarse por Levante-EMV de las fraudulentas «prácticas colusorias» en al menos uno de los chiringuitos, entienden que ha habido «una clara connivencia» entre algunos de los empresarios, con los que el concejal Llopis ha compartido unos días de vacaciones. 

En respuesta a sus críticas, y defendiendo que no tiene por qué dimitir, el propio Llopis recordó que el proceso para adjudicar los chiringuitos tuvo lugar cuando él no tenía responsabilidades de gobierno y, por lo tanto «es imposible que yo haya cometido irregularidades en un caso en el que no he participado».

La exalcaldesa Yolanda Balaguer, de Compromís, insistió en que Llopis «no es la persona adecuada para llevar el caso cuando implica a amigos suyos», y también criticó que el tema no se abordara en una comisión informativa antes de hacerse público. 

También Miguel Monzonís, del PSOE, denunció el «alto precio que le ha costado a la ciudad, que puede ser de más de un millón de euros», debido a las presuntas prácticas colusorias en el procedimiento de adjudicación de los chiringuitos.

Joan Mata, de PRO, recordó que Ana Morell cuando era responsable del departamento de Contratación firmó, asesorada por los servicios técnicos, las renuncias de todas las empresas que hubo durante el proceso de adjudicación y que «ese era el momento estipulado por la ley para poder hacer algo».