La PAH evita el drama de dejar en la calle a tres niños y a sus padres en Gandia

Una familia residente en Gandia integrada por padre, madre, un bebé de solo 11 meses y dos niños, de 5 y 12 años, ha conseguido una prórroga para seguir viviendo en su domicilio de la calle Ferrocarril d’Alcoi. Todos ellos estaban condenados a abandonar ese piso, sin tener otro lugar al que ir, porque hace años dejaron de pagar la hipoteca y tampoco disponen de recursos suficientes para alquilar otra vivienda. El caso vuelve a poner en evidencia que los desalojos de personas que no pueden pagar el lugar donde viven siguen produciéndose de forma a veces silenciosa y a veces, como este caso, saltando a la opinión pública.

En socorro de esta familia gandiense, como en tantos otros casos, salió la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de la Safor (PAH), que ayer, a las puertas de la finca en la que reside, consiguió paralizar el lanzamiento tras una negociación con la comisión judicial que acudió a comunicarles que debían salir del piso.

Fueron una quincena de personas las que, desde antes de la 9 de la mañana, se concentraron allí y secundaron esta protesta, absolutamente pacífica, mientras agentes de la Policía Nacional observaban a escasa distancia.

La comisión judicial llegó pronto y, junto a representantes de la mercantil Gramina, propietaria del inmueble, estuvo dialogando con Joan Cogollos, portavoz y alma máter de la PAH, con el padre de familia y con una abogada del Colegio Oficial de València que está llevando a cabo la labor de mediación e intento de acuerdo. Cogollos explicó a este periódico que el hombre apenas alcanza los nueve mil euros de ingresos anuales, cifra del todo insuficiente para poder pagar el alquiler de una vivienda en condiciones en esta ciudad.

Infructuosas cartas a los jueces

La protesta acabó con una prórroga. Más tiempo para buscar bien un acuerdo entre la propiedad y la familia para pagar un alquiler asequible o bien encontrar otra vivienda en la que padre, madre y tres niños puedan vivir.

En las jornadas previas a la ejecución de esta orden de desahucio Joan Cogollos remitió escritos a los jueces de Gandia para que tuvieran en cuenta la situación y paralizaran los decretos, pero eso resultó infructuoso.

«El ayuntamiento debería hacer algo para detener tanta especulación en la vivienda», señaló el portavoz de la PHA, un colectivo que lleva años movilizándose y solidarizándose con estos dramas humanos que exigen una implicación más clara por parte de las administraciones.

Según explica la concejala de Servicios Sociales de Gandia, Inma Rodríguez, el consistorio estaba al tanto de este desahucio y ha tratado de buscar soluciones. Rodríguez asegura que, en el caso de no haberse paralizado el lanzamiento, la familia se habría alojado provisionalmente en una pensión de esta ciudad.