24 de agosto de 2020
24.08.2020
Levante-emv
Vivienda

Testimonio de una okupa: "No quiero vivir en una casa por la cara"

Actualmente, Raquel Quiles sobrevive con la renta mínima y la poca ayuda que recibe del área de Servicios Sociales

24.08.2020 | 10:14
Raquel Quiles Pérez denuncia la difícil situación en que se encuentra.

Raquel Quiles Pérez es una madre soltera de Capdepera con un hijo de 13 años y una ayuda de 600 euros mensuales por tenerlo a su cargo. Ella lleva más de 8 años solicitando un piso de alquiler al Institut Balear de la Vivenda (Ibavi) y, a pesar de que cada vez que presenta la solicitud, sale en la lista de personas aptas para optar a la vivienda, no la consigue.

Según explica, el motivo de la denegación es incumplir con el baremo impuesto por el Instituto o, al menos, esta es la explicación que recibe del organismo autonómico.

En esta situación, hace tres años, después de verse desesperada por estar abocada a vivir en la calle con su hijo menor, ya que no puede pagar alquileres de 600 y 700 euros mensuales, decidió ocupar un piso vacío del propio Ibavi en Capdepera.

Ella insiste en que actuó así por su situación desesperada y quiere remarcar que no se niega a pagar un alquiler.

De hecho, afirma, así se lo ha comunicado "infinidad de veces" a responsables del instituto de la vivienda.

Contador a su nombre

Recuerda que, además, tiene el contador del suministro eléctrico a su nombre y que ella paga la electricidad que consume. Insiste en que solo quiere poder acceder a uno de estos pisos, pagando su alquiler. Dice no entender los baremos que usa la entidad publica para adjudicar los pisos. En este sentido, cuenta que en el mismo edificio hay un piso alquilado a dos personas.

Ahora, relata, se han trasladado tres hijos y toda la familia trabaja y, a pesar de poder hacer frente a un alquiler normal o incluso a una hipoteca, pagan aproximadamente 40 euros cada uno.

"Quiero pagar mi casa, para estar tranquila y para que mi hijo tenga un techo para el mañana", esgrime Raquel ante la frustración de no saber dónde ir ni a quién acudir.

Un informe de la asistente social, según narra, acredita que está excluida socialmente, pero, como ha okupado la casa, está penalizada para poder volver a optar a una vivienda protegida durante un periodo de 5 años.

A esta situación, hay que añadir el hecho de que está previsto que en octubre de este año se ejecute una sentencia judicial de desalojo, por lo que se verá abocada a vivir en la calle o en un albergue en Palma. Esta es la solución que le ofrecen, aunque ella asegura que no puede abandonar Capdepera, porque tiene a su madre minusválida, que es mayor de 70 años y depende de ella.

Actualmente, Raquel Quiles sobrevive con la renta mínima y la poca ayuda que recibe de los Servicios Sociales y su participación durante tres meses en el proyecto Millora, que finaliza este mes de agosto.

"Cuando se percataron de que yo estaba ocupando uno de sus pisos, quisieron cederlo a un hombre que vive en Cala Millor, solo porque tiene seis meses de trabajo en Capdepera, a pesar de que tiene vivienda en Cala Millor y me comunicó que no le interesaba el piso", manifiesta.

Revisar concesiones

"Por favor, que revisen a quién dan los alquileres de pisos, estoy en un sinvivir, ya no sé a quién más acudir para pedir una vivienda legal. No quiero estar viviendo en una casa por toda la cara", se lamenta.

En el caso del edificio de Capdepera, ella pide que se revisen las concesiones, porque, asegura, existen muchas irregularidades, como, por ejemplo, el realquiler de habitaciones en uno de estos pisos, un aspecto que, cree, debería investigarse.

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