Retraso en los procesos de incapacidad: "Han desangrado económicamente a mi madre"

“Han desangrado económicamente a mi madre”. En este artículo no habrá nombres, ni ciudades, ni datos que puedan identificar a las personas que han sufrido esta historia real. Es la crónica de una familia de seis hermanos dividida y rota por las supuestas maniobras oscuras de uno de ellos (con el beneplácito de otro) para saquear las cuentas corrientes y el patrimonio de la madre, de 91 años, y a la que se le ha diagnosticó un “deterioro cognitivo grave e irreversible”.

El colapso de la justicia al resolver la petición de incapacidad de la mujer (este término ha sustituido legalmente por el concepto de apoyo a las personas con discapacidad) y las artimañas legales para dilatar el proceso impulsadas por familiares que se resistían a perder la influencia sobre ella han provocado que la anciana, la víctima, haya visto cómo se esfumaban casi todos los ahorros de su vida y corriera el riesgo de no poder contar con una persona para que la cuidara durante su vejez.

Hace unos seis años que la mujer empezó a tener síntomas de que su cerebro y su capacidad de obrar se deterioraban. Los hijos se dieron cuenta de que iba perdiendo la memoria. Y llegó un momento en el que comprobaron que no tenía la capacidad para controlar sus bienes: no solo la economía diaria, sino sus propiedades. Ante esta situación, una parte de los hijos propuso al resto que la gestión la llevaran entre todos: los seis. Cuatro de ellos estuvieron conformes, pero los otros dos mostraron su rechazo frontal. El dinero que la anciana tenía en las cuentas disminuía de forma exagerada y el posible cobro de un alquiler de un piso se desvaneció cuando un familiar lo ocupó sin pagar ni un euro durante años. La situación era cada vez más insostenible.

“Era una sangría económica”, repite una y otra vez a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, uno de los hijos. Eran dos de sus hermanos quienes habían llevado hasta entonces la gestión patrimonial y pretendían seguir controlando las cuentas. Esta circunstancia fue aprovechada por uno de ellos, según el testimonio, para poner a la mujer como avalista en un negocio. Al no poder pagar, la madre tuvo que hacer frente a la deuda de 240.000 euros. Al conocer el desaguisado, la mayoría de los hermanos se pusieron manos a la obra y pidieron al juez la incapacidad para que uno de ellos pudiera ejercer de "curador" (palabra que viene de curatela o apoyo de origen judicial para las personas con discapacidad) o "asistente" (en Catalunya), como se denomina ahora a los tutores.

La batalla legal

En enero de 2021, presentaron la instancia en el juzgado, pero no han conseguido su propósito hasta septiembre de 2022. A partir de esa fecha, una de las hijas, en colaboración con los otros tres hermanos, administra los bienes e intenta recaudar los ingresos necesarios para que su madre pueda vivir en su casa bajo los cuidados de una persona. “Un año entero de mala gestión originó que sus ingresos (podría haber tenido el alquiler de un piso suyo) menguaran. La persona que no está capacitada necesita más cuidados y atención. Para ello, se necesitan recursos económicos. Ella tenía dinero”, relata uno de los hijos.

El proceso judicial tampoco fue fácil. Tras la presentación de la instancia, uno de los hermanos que quería continuar controlando a la madre logró convencerla para que designara a una abogada y un procurador (ya se le había sido diagnosticado el deterioro cognitivo) y la mujer se opuso a la pretensión de ser tutelada, una estrategia que la familia atribuye al hermano díscolo. El forense judicial, sin embargo, avaló el diagnóstico. Los palos en las ruedas llegaron hasta tal punto que ese hermano intentó que que la anciana no compareciera a la vista donde debía resolverse el asunto.

Pero la estrategia le salió mal y la mujer declaró ante el juez por videoconferencia. El togado le hizo preguntas como: ¿Qué moneda se usa en España? Ella contestó la peseta y no el euro. Y así una tras otra. El magistrado se convenció de la falta de capacidad de la mujer, nombrando a una de las hijas como responable de gestionar los bienes. Aun así, la madre, se supone también que por indicación del hermano que no quería perder el poder, presentó un recurso contra la decisión, aunque, antes de la vista, lo retiró. Una cuestión que podía haberse resuelto en tres meses se prolongó un año y nueve meses. Y lo peor, una familia quebrada.

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