Jordi Cortina: "Aplicar la ley que ayudará a revertir el cambio climático requiere 1.400 millones"

Catedrático de Ecología en la Universidad de Alicante, Jordi Cortina ha sido uno de los principales asesores desde la comunidad científica de la nueva Ley de Restauracíón de la Naturaleza aprobada esta misma semana por el Parlamento Europeo y que con el objetivo de revertir el cambio climático obliga a los estados a recuperar las zonas degradadas. Aunque las presiones por parte de determinados grupos han rebajado los objetivos de la ley, Jordi Cortina considera que lo importante es que han introducido fechas y obligaciones para los estados para invertir en la recuperación de los hábitats degradados.

Pregunta: ¿Qué supone la Ley de Restauración de la Naturaleza que acaba de aprobar el Parlamento Europeo?

Respuesta: La ley supone financiar la recuperación de los ecosistemas degradados en toda Europa. El estado de estos ecosistemas, incluso de los hábitats más emblemáticos de la Red Natura 2000, no es satisfactorio, en la gran mayoría de los casos. Esta nueva ley es relevante porque obliga a eso y además ofrece oportunidades para restaurar agroecosistemas, ecosistemas urbanos, ecosistemas forestales, ríos, etcétera.

P.: ¿A qué tipo de suelo afecta esta ley?

R.: Afecta a todo tipo de territorio, suelos urbanos, ríos, humedales, sistemas agrícolas... Es muy amplio, pero ha habido presiones para que sólo afectara a zonas protegidas y en eso ha consistido buena parte de la discusión. Finalmente, aunque de una manera muy tímida, también permite incidir fuera de esas zonas. Para nosotros es importantísimo porque permite restaurar bosques, por ejemplo, gestionarlos para disminuir su vulnerabilidad a la sequía y a los incendios. En 2014, la sequía se llevó por delante centenares de hectáreas de pinares de las sierras de Callosa y Orihuela.

Ha habido muchas presiones para rebajar los objetivos de esta ley»

P.: ¿La ley se ha quedado corta o podría haber llegado más lejos?

R.: La propuesta que hizo la comisión europea era más ambiciosa que la que se ha acabado aprobando. Se ha reducido la ambición en algunos aspectos, atenuado las metas, los plazos se han relajado. Incluso se ha introducido una cosa que es inédita en la legislación europea que es un freno de emergencia. Si en un momento dado se considera que la aplicación de la ley puede suponer un riesgo para la soberanía alimentaria, los estados miembros pueden solicitar la parada de la implementación de la ley durante un periodo de hasta un año.

P.: ¿Se establecen plazos para llevar a cabo las medidas?

R.: Los objetivos han ido cambiando a lo largo del proceso legislativo, pero en 2030 tiene que estar en fase de restauración el 20 por ciento del territorio y la mayoría de ecosistemas degradados deben estar en restauración en 2050. Para objetivos concretos hay diferentes plazos. No es un brindis al sol, hay metas concretas en tiempo y en ambición. Es una parte importante de la Ley, que tiene medidas legalmente vinculantes. Obliga a los estados miembros a desarrollar su propio plan de restauración y luego a implementarlo.

P.: ¿A qué porcentaje de superficie del territorio afecta?

R.: Es difícil de decir. Se conoce a escala de las zonas protegidas, pero nos falta información precisa sobre qué sitios están degradados en el mapa y poder restaurarlos. Estamos hablando de millones de hectáreas. Es una cifra enorme, pueden ser diez millones en España. Pero hay que tener en cuenta que España en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI repobló más de cinco millones, Probablemente siete. Nos estamos exigiendo ahora lo que nuestros abuelos hicieron con muchos menos medios.

La provincia de Alicante aún tiene zonas de interés ecológico pese a la degradación sufrida

P.: ¿En qué situación se encuentra la provincia de Alicante?

R.: En Alicante, pese a la presión humana que ha habido desde hace muchos siglos, sigue habiendo enclaves de muy elevada biodiversidad y con gran labor ecológico. Nos enfrentamos a una degradación progresiva de estos enclaves. Estamos experimentando actualmente la sequía, los extremos de temperatura, los incendios forestales. Y aún, pese a todo, preservamos un valor ecológico considerable. La restauración sirve para enmendar la degradación que ha sufrido el territorio en el pasado y también para prepararnos para la situación que se está planteando ya.

P.: ¿De esta degradación que sufre el territorio cuánto es fruto de la acción humana?

R.: Detrás de buena parte de la degradación del sureste está la acción humana. Está la sobreexplotación de recursos hídricos, la erosión, los incendios . Y luego está el cambio climático que actualmente los necios o los malintencionados pueden negarlo. No hay ninguna duda científica sobre la importancia de la actividad humana en el cambio climático. Y el cambio climático aquí significa aridifiación, un aumento de las temperaturas medias, de los extremos y una disminución de los recursos hídricos y eso es así y está ocurriendo ya.

P.: ¿Qué inversiones por parte de las Administraciones Públicas serán necesarias?

R.: Estamos hablando de que en España serán necesarios 1.400 millones de euros. Es una gran inversión porque tenemos un gran problema, el descenso de las poblaciones de polinizadores o la desertificación, la sequía. El coste que representa para cada español sería unos 30 y pico euros por persona. Comparada con otros capítulos de los presupuestos del Estado es una cantidad relativamente pequeña. Además se trata de una actuación que nos genera beneficios, por lo que no se trata de un gasto, es una inversión. Van a fijar más carbono, van a retener el suelo, controlar mejor la hidrología, mejorar la salud de las poblaciones urbanas. Por cada euro que se invierta en restauración, el beneficio económico que obtiene la sociedad es de ocho y diez.

La ley puede afectar a diez millones de hectáreas en España

P.: ¿Cuál es el principal factor de degradación del suelo que tenemos ahora mismo?

R.: Hay muchos factores de degradación. Uno sería la urbanización, el sellado de los ecosistemas, prácticas agrícolas insostenibles que permiten obtener una abultada producción a corto plazo pero a costa del deterioro de las condiciones del suelo. No englobaría a toda la agricultura, que es una aliada magnífica de la biodiversidad. Hay ecosistemas agrícolas sostenibles, explotaciones tradicionales con un valor ecológico enorme. Pero hay otra que con el uso de fertilizantes suponen una degradación. Y luego está el marco general de cambio climático y aridificación que aquí es un problema gravísimo.

P.: Cuando habla de una agricultura perjudicial para el territorio, ¿a qué actividad se está refiriendo?

R.: A la agricultura intensiva. Son unos grandes campos donde no dejan ningún espacio para el desarrollo de especies nativas, para ecosistemas naturales donde se usan fertilizantes y pesticidas por encima de lo que puede soportar el medio. Se homogeniza el paisaje. Eso es terrible, no solo para la biodiversidad, sino para la sostenibilidad de este ambiente a largo plazo. En términos generales, las pequeñas explotaciones agrarias se han reducido en España brutalmente y se están incrementando las grandes explotaciones de este tipo. En pos de una productivdad agrícola desaforada y sin tener en cuenta todos los otros impactos que tiene promueven este tipo de explotaciones.

Es fundamental el papel del sector privado para marcar las zonas prioritarias

P.: ¿Se contemplan actuaciones para el caso de las zonas afectadas por incendios forestales?

R.: Este aspecto sí que ha mejorado tras el paso por el Parlamento. Se hace referencia explícita a una restauración que tenga en cuenta la historia de incendios y que pueda utilizarse para la gestión para reducir la vulnerabilidad de los sistemas a los incendios. Desde el Mediterráneo hay una demanda generalizada desde diferentes sectores de la sociedad y desde la ciencia también para gestionar los montes actuales para que sean menos vulnerables a los incendios. En lo posible prendan menos y cuando lo hagan tengan un impacto menor. Los incendios no los vamos a eliminar, es un fenómeno sustancial de cuando tienes una sequía prolongada, y hay acumulación de biomasa, de madera, eso se quema. Es un proceso natural, lo que hay que evitar es la frecuencia excesiva y los incendios de grandes dimensiones.

P.: ¿Y cuando se trata de incendios intencionados con fines de especulación urbanistica?

R.: Legalmente ya no se puede recalificar una zona incendiada para esos fines. No es un procedimiento estándar. Hay una gran mayoría de incendios que son provocados por la actividad humana, lo sabemos. Esta ley es para ver cómo podemos restaurar un territorio tras un incendio. Hay veces en las que no es necesario porque el propio sistema se recupera y con eso es suficiente. Pero hay que identificar otras zonas donde es conveniente que se puedan restaurar porque sino se restaura se va a degradar más después de un incendio. Se trata de hacer que nuestras masas forestales sean más resistentes y resilientes a los incendios.

P.: ¿Se contempla algo para repoblar las poblaciones de insectos desaparecidas?

R.: Hay un artículo específico para la recuperación de insectos, dirigido a las poblaciones de polinizadores. El declive de las poblaciones de insectos es gravísimo per se, pero también por la labor que cumplen los insectos de descomposición o de polinización. Y en agricultura es esencial, cuando hablan de soberanía alimentaria o de productividad agrícola, si no tenemos polinizadores, un porcentaje elevado de los cultivos agrícolas dependen de ellos. Y es un servicio que casi gratis nos están prestando esas poblaciones de insectos.

P.: ¿Está prevista la intervención de otros agentes al margen de la Administración?

R.: Varios apartados de la ley mencionan la necesariedad de la participación. En los planes nacionales de restauración deben ser participativos. Además se deben desarrollar en un plazo de dos años y demostrar de qué manera se van a cumplir. Y ahí los estados miembros tienen bastante flexibilidad, la ley establece directrices generales, pero el gobierno de Madrid en colaboración con las comunidades autónomas, que son competentes en materia ambiental, tienen que diseñar esos programas, teniendo en cuenta los diferentes sectores de la población, agricultores, cazadores, ONGs ambientales, etc.

P.: Imagino que gran parte del papel de desarrollo de la ley va a corresponder a las comunidades autónomas

R.: Sí, las competencias medio ambientales están transferidas, por lo que en último caso quien va a tener que aplicar la restauración son los gobiernos autónomos, lo cual está bien porque la restauración es un fenómeno que se lleva a cabo a escala local. El Estado central puede marcar unas directrices generales. Es importantísimo que la ley genere ese marco legal, que el Estado genere las herramientas para implementarlo, pero que al final se promuevan los proyectos desarrollados desde abajo. Las comunidades, las municipalidades, los enclaves, las poblaciones se deben involucrar y colaborar para desarrollar coaliciones desde abajo desde las que llevar a cabo esa restauración. Habrá financiación pública pero esta ley está también desarrollada para que movilice financiación privada.

La agricultura intensiva no es sostenible para el medio ambiente

P.: ¿Qué tipo de suelos deben ser preferentes a la hora de actuar?

R.: Hay que combinar una perspectiva de planificación territorial a gran escala con esta perspectiva local que antes comentaba. Entonces, las prioridades se deben establecer en base a unos criterios generales, como los que establece la ley. La Red Natura 2000 es prioritario, y eso es irrenunciable. Pero también conviene que como comentaba sobre la participación las comunidades identifiquen cuáles son sus prioridades. En el sur de Alicante, entre los criterios para priorizar una zona u otra había algunos de carácter social, como dar prioridad a las zonas económicamente más deprimidas o con más desempleo, lo cual son factores que se deben tener en cuenta. Combinar esa planificación a gran escala con una priorización a pequeña escala, que tenga en cuenta las aspiraciones de la sociedad.

P.: ¿Han establecido las zonas prioritarias en esta provincia?

R.: Tenemos mapas de priorización en el sur de la provincia, con la ayuda de los grupos de interés de actores sociales y hemos desarrollado en los que analizamos el nivel de prioridad según la opinión de la gente, el coste y el beneficio que obtendríamos si lo desarrollamos. Tenemos para el sur de la provincia una serie de herramientas para ayudar a la toma de decisiones en ese sentido. Mapas donde la población puede ver el coste de invertir en tal o cual pinar o humedad y qué beneficios medioambientales se pueden generar. Esto debe ayudar sobre qué es prioritario.

La dicotomía que se ha planteado entre agricultura y naturaleza es falsa»

P.: ¿Ha habido muchas presiones para suavizar esta ley?

R.: Estas presiones han sido mayormente una cuestión política. Muchas de las afirmaciones que se están haciendo no son ciertas. La Ley de restauración no amenaza la soberanía alimentaria. Al contrario, contribuye a ella. Si estamos luchando contra el cambio climático y las variaciones en el clima que van a afectar a la producción, no se puede decir que esta ley está en contra. Esa dicotomía entre agricultura y naturaleza, para cualquiera que trabaje el medio rural sabe que es falsa.

P.: ¿Los agricultores podrían participar en esas labores de restauración?

R.: La implicación de la población y especialmente de los gestores del territorio, bien sea desde la Administración o desde el sector privado, es esencial. Ellos tienen esa capacidad y los conocimientos de qué hay que hacer para mejorar las condiciones y en ese sentido deben ser ayudados. La ley contempla la posibilidad de incentivos económicos, de subsidios para realizar estas transformaciones.

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