El juez de Instrucción número 1 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que lleva el caso de la niña marroquí rescatada en Bolivia, ha citado a declarar a los padres de la menor en calidad de imputados por un presunto delito de abandono de familia. En un auto, el juez ha dejado no obstante la puerta abierta a que los padres puedan ver a la niña, «siempre en un entorno controlado» y en un centro de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) de la Generalitat.
La niña marroquí de nueve años rescatada en Bolivia tras siete meses secuestrada en el país andino llegó ayer por la mañana al aeropuerto de El Prat (Barcelona), desde donde fue trasladada a un hospital para realizarle una revisión médica y luego pasar a disposición de la Dgaia, de forma provisional mientras se sigue con la investigación del caso.
El juez ordena que la Dgaia informe, «de forma urgente», sobre la situación de la menor y la conveniencia de que vuelva con sus padres. Mientras esto no se resuelve, la niña estará acogida en un centro residencial de acción educativa de la Generalitat, donde recibirá atención psicológica y podrá recibir la visita de sus padres siempre que el equipo técnico lo estime conveniente y en un entorno controlado.
Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil continúan investigando cómo la niña salió del país con una autorización notarial aparentemente firmada por los padres de la menor, aunque éstos han negado que ellos autorizaran el viaje y han dicho que fueron engañados por el secuestrador, Grover Morales, un vecino con el que habían trabado mucha amistad. La madre de la niña, Fátima, negó ayer de nuevo que el secuestrador les hubiese pagado por llevarse a la pequeña
La niña, a quienes sus padres dejaron ir «unos días» a Bolivia con su vecino porque nunca había hecho turismo, permaneció secuestrada en la zona selvática boliviana de El Chapare durante siete meses hasta ser liberada por la Guardia Civil.
