El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha otorgado el segundo grado penitenciario a la presa de ETA Sara Majarenas para permitirle «continuar la convivencia» en la Fundación Padre Garralda con su hija de 3 años, acuchillada por su padre en Benifaió el pasado 15 de enero, para vengarse de la madre, que le había comunicado el fin de la relación. Tal como adelantó Levante-EMV, Stylianos Messinezis, de 49 años, acuchilló a la pequeña cuando estaba con ella en el sofá de su piso, horas antes de tener que entregarla en la prisión, donde residía entre semana con su madre en el módulo especial para reclusas con hijos. La niña cumplió tres años ayer, la edad máxima para poder permanecer en prisión con la madre según el reglamento penitenciario, por lo que Majarenas inició una lucha en los tribunales desde el primer momento para poder salir antes de la cárcel y evitar que su hija tuviese que superar la brutal agresión sin ella.

El juez ha tenido en cuenta, además de las circunstancias de la niña, un escrito de Majarenas del 6 de febrero en el que manifiesta su arrepentimiento, reconoce el daño causado y destaca que su prioridad y objetivo ahora es el cuidado de su hija. La etarra cumplía condena en Picassent y ya disfrutaba de un permiso extraordinario para permanecer continuamente con su hija, hospitalizada hasta hace poco. Ahora, tras permanecer en prisión desde 2005 y cerca del final de su condena a 13 años, podrá vivir en el centro de la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, dependiente de la cárcel de Aranjuez (Madrid) ­-la fundación tiene casa en Valencia, pero no hay plazas en este momento-.

«La labor realizada por esta prestigiosa ONG, permitirá a madre e hija recibir el acogimiento, apoyo y afecto que necesitan para solventar las dificultades que derivarían de una separación que sería contraria a la protección que todo menor necesita, máxime en circunstancias tan excepcionales y graves», destaca el auto, que también valora un informe del equipo técnico del juzgado que ratifica la necesidad de que estén juntas por «el interés superior de la menor» y otor elaborado por los médicos que recogen que la niña sufre pesadillas tras la agresión.