01 de julio de 2017
01.07.2017

Los vecinos habían alertado al consistorio del peligro que suponía para la comunidad

Debatieron en una junta extraordinaria reciente sobre la retirada de las armas al padre - El Ayuntamiento alega que no había «antecedentes violentos»

01.07.2017 | 04:15
Los vecinos habían alertado al consistorio del peligro que suponía para la comunidad

«Una bomba de relojería a punto de explotar». Así describen los vecinos a David G., el presunto doble parricida. Dos graves incendios en la vivienda de sus padres, el último de ellos ocurrido el pasado 21 de mayo, y en el cual resultó herida con quemaduras su madre y otras cuatro personas resultaron intoxicadas, son solo algunos ejemplos de la difícil convivencia de éste con su vecindario. «Sabíamos que algo así podía pasar, pero no hacían nada», remarca Maite.

El miedo de la comunidad a que un día cometería una locura era latente y a finales de mayo los vecinos se reunieron en junta extraordinaria para debatir sobre la retirada de las armas de fuego del padre. «No es normal que una persona que no está bien de la cabeza vaya con la escopeta del padre por ahí a las cinco de la mañana», criticaba Rafaela.

Aunque no se llegó a concretar nada porque nadie quería interponer una denuncia a título personal, la comunidad de vecinos, a través de su administradora de fincas, ya había presentado en los últimos años al menos tres instancias al Ayuntamiento alertando de la peligrosidad de esta persona para que los servicios sociales tomaran algún tipo de medida. Además habían informado a sanidad sobre la acumulación de basuras en la vivienda.

Por su parte, fuentes municipales de Paterna insisten en que «no existía constancia ni en la Policía Local ni en Servicios Sociales de que hubiera una situación de violencia en esa familia ni de que se pudiera producir alguna agresión del detenido a sus padres ni tampoco de que en el domicilio hubiera armas de fuego». «Ni la familia ni nadie había informado de un comportamiento violento que entrañara riesgos», alegan.
Las mismas fuentes defienden que «en el expediente no consta ningún dictamen de esquizofrenia ni similares enfermedades mentales de carácter violento» ni tampoco los padres se manifestaron nunca ante el ayuntamiento al respecto. Un portavoz del consistorio explicó ayer que la familia del parricida recibía atención de los Servicios Sociales porque el hijo disponía de una ayuda de dependencia al tener reconocida «una discapacidad intelectual».

Dado que la madre sí que había comentado en algunas ocasiones que cuidar de su hijo suponía «demasiada carga» para ella y para su marido, por su edad, le propusieron en diversas ocasiones que lo incapacitara judicialmente (un proceso que podría haber iniciado) y que solicitara una plaza en el centro de día municipal Valentín Hernáez, en el que durante unas horas cada jornada recibiría atención y terapia, a modo de unidad de respiro para la familia. «Pero nunca quiso iniciar ese trámite», insistieron ayer.
Sobre las instancias de los vecinos, fuentes del gobierno local aseguran que «nunca llegaron a los servicios sociales». Y respecto al incendio que se originó en el domicilio de la familia en el mes de mayo «tampoco en el ayuntamiento existe constancia oficial de que lo ocasionara el detenido».

La comunidad de vecinos había solicitado un informe a bomberos para saber si el incendio era fortuito o fue causado de forma deliberada. «Instamos al ayuntamiento a tomar soluciones con este chico porque no está en condiciones y había miedo entre los vecinos, pero el problema es que la ley es tan proteccionista con los derechos individuales que a veces se olvida de los derechos colectivos», remarca la administradora de la finca donde se produjo el parricidio.

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