La primera sesión del juicio con jurado por el crimen de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, ha constatado que las disputas por el control de las empresas familiares impregnaban el contexto en el que ocurrió este asesinato. El único procesado en esta causa, el yerno de la víctima Miguel López, será juzgado por un tribunal popular formado por seis mujeres y tres hombres, y se enfrenta a más de 24 años de cárcel por los presuntos delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas.
María del Carmen Martínez murió la tarde del 9 de diciembre de 2016 tras recibir dos impactos de bala en la cabeza a corta distancia cuando iba a retirar su vehículo del lavadero del concesionario Novocar, propiedad entonces de la familia y que administraba Miguel López.
Este fue detenido como presunto autor material del asesinato en febrero del año siguiente, aunque quedó en libertad provisional tras permanecer unos 40 días en prisión preventiva, al depositar una fianza en el juzgado de 150.000 euros.
Tras la constitución del tribunal popular, durante toda la mañana de ayer, y la reanudación de la sesión por la tarde después de un receso para comer, la magistrada le hizo al procesado tres preguntas: si sabía por qué estaba en el juicio, si sabía por qué es acusado y si estaba de acuerdo con los hechos. A las dos primeras cuestiones, Miguel López contestó que sí y a la última, que no. En las alegaciones provisionales esgrimidas durante la tarde por el fiscal, este calificó de «horrible» el crimen de la viuda de Vicente Sala, entre otras circunstancias, por la forma en que se perpetró.
«Es una ejecución»
«El ministerio público está convencido» de que el acusado «es autor de este horrible crimen (...) Esto no es un robo (sino) una ejecución (...) porque el primer disparo que recibió la víctima le saltó los globos oculares, la dejó ciega» y sufrió «una agonía que duró más de 20 o 25 minutos, desangrada», reveló.
En la sesión de ayer se expuso que María del Carmen Martínez y su primogénito, Vicente Jesús Sala -que ejerce la acusación particular en esta causa- formaban un bloque dentro de la familia enemistada con el que integraban las otras tres hijas del expresidente de la CAM, sus respectivos maridos y sus hijos por el control de las empresas.
La Policía sostuvo desde el principio que el móvil del asesinato era la disputa por el control de las empresas familiares, en especial de Samar Internacional SL, del sector del plástico, que fundó el fallecido expresidente de la extinta caja de ahorros alicantina Vicente Sala.
Según la acusación, Miguel López pretendía con la muerte de su suegra evitar que ella cediese al hijo mayor la llamada acción de oro de Samar Internacional SL., que le otorgaba poder decisorio en esta firma, que facturó cerca de 240 millones de euros en 2016. La fiscalía señaló que su acusación se basa en pruebas por indicios, entre las que ha citado, precisamente, «las malas relaciones familiares» y la enemistad de las tres hijas hacia su madre, una enemista envuelta en odio.
Por su parte, la defensa reiteró que no existe prueba alguna contra el procesado, pues, entre otros motivos alegados por el letrado de Miguel López, no estaba en el escenario del crimen cuando sucedieron los hechos y no se han hallado restos de ADN que sean de él, ni tampoco el arma homicida.
Por ello, el representante legal de Miguel López incidió en que su cliente debe ser absuelto y anunció que pedirá una prueba para averiguar quién fue el asesino, ya que se halló un ADN de alguien que, según la defensa, estuvo en la escena del crimen, pero «no se sabe quién es».
Además de advertir de que sería «un error judicial gravísimo» acusar a Miguel López del asesinato de su suegra y considerar que la fiscalía y la acusación particular deberían rectificar, la defensa sostuvo que el procesado nunca se ocupaba de las cuestiones empresariales de la familia de su mujer y que había separación de bienes en el matrimonio.
La primera sesión del juicio se suspendió para realizar por la tarde una inspección ocular en el concesionario de coches, propiedad de la familia, donde se produjeron los hechos.
