Juan Vicente A. N., el hombre acusado de matar a su pareja sentimental, Isabell Elena Raducanu, estrangulándola y asestándole 37 cuchilladas en su casa de Xàtiva el 11 de junio de 2019, cuando estaba embarazada de seis meses, ya ha salido de prisión. Ocurrió el pasado viernes, después de que su familia reuniese los 15.000 euros de fianza que fijó la Audiencia de València hace ahora un mes, en un auto del que informó en exclusiva Levante-EMV y que obligaba a liberarlo tras dar la razón a su abogado defensor.
La familia de la víctima, que trata de buscar Justicia desde Rumanía, donde reside, ha mostrado su repulsa a esta decisión y ha criticado que la jueza ni siquiera haya adoptado las medidas solicitadas por su abogada y que consideran «esenciales» para garantizar el buen desarrollo del proceso judicial contra Juan Vicente A. N.
Así, la abogada de la acusación particular había pedido que, dado que debían acatar por mandato judicial su excarcelamiento provisional mientras llega el día del juicio, que al menos se diese protección a los testigos de cargo para evitar que el acusado pueda interferir en su testimonio.
La abogada solicitó órdenes de protección y alejamiento no solo para los familiares directos de Isabell Elena, sino también para las tres amigas cuyo testimonio y aportación documental —sobre todo, las conversaciones de Whatsapp— son «fundamentales» para probar el maltrato que sufría la víctima. Las tres mujeres, que residen en Xàtiva, temen represalias ahora que el encausado está en libertad.
La jueza lo considera «excesivo»
Además, la acusación particular pedía orden de alejamiento y de comunicación con los tres encargados de la empresa de la Pobla Llarga en la que trabajaba Juan Vicente A. N., y que declararon en un primer momento que el sospechoso estaba en la fábrica en el momento del crimen, algo que contradice el informe policial que detecta los movimientos del teléfono del procesado, y que lo sitúan en Xàtiva y no en la Pobla en el momento de la muerte.
Sin embargo, la actual jueza de Instrucción de Xàtiva —ya no es la misma que conocía y llevaba el caso desde el principio, ya que aquella ha cambiado de destino y ha sido sustituida hace apenas unos días por otra magistrada— ha denegado esa protección a los testigos y a los familiares de Isabell, al considerar que se trata de «medidas excesivas» para asegurar «su disponibilidad en el procedimiento».
Por ello, se ha limitado a acordar las medidas básicas en estos casos: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y obligación de comparecer cada lunes ante le juzgado —la acusación particular había pedido que fuese diaria a tenor de la gravedad de las penas— para garantizar que no elude la acción de la Justicia, dado que está acusado de tres delitos muy graves: homicidio, aborto y maltrato.
Fue precisamente su compañero sentimental, imputado ahora por su asesinato, quien llamó a la Policía a las cuatro de la tarde de aquel 11 de junio de 2019 para informar del crimen. La autopsia determinó que Isabell Elena había sido estrangulada y el forense contabilizó 37 cuchilladas. Su hija también estaba muerta. Nueve meses después, el grupo de Homicidios de la Policía Nacional detenía a Juan Vicente A. N. por el crimen. La jueza lo envió a prisión dos días después. Ahora, está en libertad con cargos.
La Fiscalía le imputa, por ahora, homicidio, aborto y maltrato habitual
Juan Vicente A. N. fue excarcelado una semana antes de su salida de prisión para ser conducido al Juzgado de Instrucción número 2 de Xàtiva, que lleva el caso desde el inicio, y escuchar presencialmente los cargos que se le imputan en la denominada comparecencia de imputación de delitos. Según las fuentes consultadas, asistió con frialdad a los relatos de las acusaciones.
Ese acto se llevó a cabo después de transformar el sumario en causa de jurado, dado que el delito principal, el de homicidio, es uno de los que se deben juzgar con un tribunal popular.
Durante la comparecencia, el fiscal anunció su intención de acusarle de los delitos de homicidio, aborto -por la muerte de la niña que esperaba Isabell- y malos tratos habituales en el ámbito familiar.
La acusación particular también aprecia aborto y maltrato habitual, pero eleva el cargo de homicidio a asesinato ya que considera que las 37 cuchilladas avalan que hubo ensañamiento, y agrega tres circunstancias agravantes: la de parentesco, ya que víctima y presunto autor eran pareja, la de género, es decir, que el crimen se cometió por su condición de mujer y la de abuso de superioridad.
El abogado defensor de Juan Vicente A. N., cuyo contrainforme al de los posicionamientos del teléfono que realizó la Policía ha sido uno de los pilares para convencer a la Audiencia de que dejase en libertad provisional a su cliente, mantiene, por su parte, que es inocente.
La Fiscalía ha solicitado, además, que el forense aclare si las cuchilladas, o una parte, le fueron asestadas en vida, en cuyo caso podría cambiar también su calificación de homicidio a asesinato.
