Las desavenencias entre dos compañeros de trabajo de una empresa dedicada a la elaboración y manipulación de productos cárnicos de Riba-roja del Túria, al parecer originadas por un sistema de incentivos por kilo procesado de carne que había establecido dicha mercantil, acabó con uno de los operarios muertos de una cuchillada en la clavícula y el otro sentado hoy ante un jurado popular por su asesinato. El Ministerio Fiscal solicita para el acusado una pena de veinte años de prisión por un delito de asesinato, al considerar que atacó a su compañero de forma sorpresiva sin que éste tuviera posibilidad de defenderse.
Momentos antes del crimen, ocurrido en septiembre de 2019, ambos trabajadores se enzarzaron en una discusión por cuestiones laborales, en la que se propinaron patadas y puñetazos. Al parecer, el acusado le recriminaba al fallecido, maquinista de carretilla eléctrica, “hacerle la vida imposible dentro de la empresa” y tratar de desacreditarlo para que lo echaran de su puesto, llevándole cajas de carne con menos peso o dejándolas más lejos que a otros trabajadores.
Después de que sus compañeros mediaran para tranquilizarlos, cuando la víctima se dirigía hacia la carretilla para seguir con su trabajo, el procesado presuntamente le atacó a traición con un cuchillo, de once centímetros de largo, de los utilizados para cortar el empaquetado, y le seccionó la arteria carótida de una única y certera cuchillada a la altura de la clavícula.
Alega defensa propia y miedo insuperable
La tesis de la defensa es bien distinta, ya que sostiene que su cliente actuó en defensa propia, bajo una situación de “miedo insuperable”, y que en ningún momento tuvo intención alguna de causarle la muerte. Según tratará de acreditar ante los miembros del jurado, durante la disputa la víctima, de 39 años y nacionalidad ghanesa, también cogió un cuchillo de los utilizados en dicha empresa cárnica. “Ambos actuaron y se defendieron con las mismas herramientas”, ha manifestado la letrada de la defensa.
Las acusaciones particulares no lo ven así y aprecian, al igual que el fiscal, la circunstancia de alevosía. Por ello solicitan 22 años de prisión para el acusado, de 38 años y también natural de Ghana. Su crimen dejó tres niños huérfanos de padre, uno de ellos apenas tenía tres semanas de vida cuando falleció la víctima.
Aunque hay una circunstancia en lo que coinciden tanto las acusaciones como la defensa del procesado, y es la responsabilidad civil que tuvo la empresa en los hechos acaecidos la tarde del 24 de septiembre de 2019. Esta empresa cárnica de Riba-roja del Túria «era conocedora de las fuertes desavenencias y enfrentamientos entre el acusado y la víctima, y el acceso que tenían por su trabajo a instrumentos peligrosos», según sostiene el Ministerio Fiscal, y pese a ello «no se adoptó ningún tipo de medida eficaz ni se activó protocolo alguno para evitar el fatal desenlace».
La empresa, acusada como responsable civil subsidiaria, sostiene que los responsables de recursos humanos desconocían las desavenencias entre ambos trabajadores, pese a que apenas veinte días antes del crimen se produjo otra agresión entre ellos fuera de las instalaciones, y en todo caso atribuye esta enemistad a cuestiones ajenas al entorno laboral. Al mismo tiempo pretende que en caso de que deban hacer frente a cualquier tipo de responsabilidad civil sean las aseguradoras contratadas las que abonen las indemnizaciones al insistir en que el fallecimiento fue catalogado de “accidente laboral”. A lo cual se oponen las dos compañías aseguradoras esgrimiendo que la póliza no tiene cobertura sobre este tipo de hechos ilícitos como es un asesinato.
