La acusada de matar a su marido discapacitado y enterrar su cadáver en Godelleta declarará tras escuchar todas las pruebas contra ella

Beatriu F. C., la mujer acusada de estrangular a su marido, con una enfermedad degenerativa, en diciembre de 2019 y enterrar su cuerpo en una fosa de Godelleta, ha optado por declarar al final del juicio una vez haya escuchado a todos los testigos y pruebas que hay contra ella. Isaac Guillén Torrijos, un expolicía local de Catarroja, padecía ataxia cerebelosa y requería de una silla de ruedas eléctrica para desplazarse, de ahí que al tratarse de un asesinato de una persona especialmente vulnerable dada su discapacidad la Fiscalía solicite la mayor pena que contempla el Código Penal español, la prisión permanente revisable, como adelantó en exclusiva Levante-EMV.

El juicio celebrado ante un jurado popular ha comenzado hoy aunque los miembros del tribunal tendrán que esperar para conocer las alegaciones de la acusada, cuya declaración está prevista para el próximo viernes. En la sesión de hoy ha declarado únicamente la jefa del grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que llevó la investigación del asesinato de Isaac, de 45 años.

La investigadora de Homicidios ha relatado los pormenores que llevaron hasta la detención de Beatriu F. C., quien les llevó sin saberlo, gracias al dispositivo de seguimiento GPS que habían instalado en el coche de la sospechosa con autorización judicial, hasta el lugar en el que tenía enterrado a su marido, en una parcela de Godelleta que había alquilado meses antes y en la cual había ordenado cavar una fosa. Además de estrangularlo con los cordones de las zapatillas, el cadáver presentaba golpes. "No se puede hablar de eutanasia, fue un crimen sin compasión", ha remarcado el fiscal en su exposición inicial de hechos.

Asimismo la testigo ha detallado como la presunta viuda negra ocultó su crimen realizando todo tipo de movimientos para hacer creer que su esposo se había marchado de forma voluntaria en su deseo de «morir dignamente», con el objetivo de seguir percibiendo la pensión por gran invalidez de éste. De esta forma, denunció su desaparición ante la policía y desde el teléfono de su marido estuvo enviando mensajes haciéndose pasar por él para que no lo buscaran, llamadas al banco suplantando su identidad y tanto ella como su hijo se desplazaron en varias ocasiones a Barcelona, donde activaban el móvil de la víctima con el fin de simular que seguía vivo.

El hijastro del fallecido ya fue juzgado por su presunta participación en el asesinato por un tribunal de Menores ya que tenía 17 años cuando, junto a su madre, llevaron al marido de ella, después de dormirlo con una pastilla, hasta la parcela de Godelleta que ésta había alquilado meses antes y donde había mandado excavar una fosa de unos 78 centímetros de profundidad, por 130 cm de ancho y 326 de largo, con la clara intención de dejarlo todo preparado para el día del crimen.

Como informó en su día Levante-EMV, el adolescente, que tenía 16 años cuando se produjo el crimen, fue condenado a dos años de internamiento en régimen semiabierto como cómplice de un delito de auxilio al suicidio. Como ha remarcado el fiscal al jurado, en dicha sentencia se dice textualmente que el joven actuaba bajo «la creencia errónea» de que su madre cumplía la voluntad de su marido. Es decir, que era lo que le había hecho creer la acusada, quien sí que tenía la clara intención de acabar con la vida de su marido por cuestiones económicas, ya que en caso de divorcio se quedaba sin un duro.

Mensajes falsos suplantando a su marido

«Lo siento mucho pero no voy a volver a casa. Me voy a un centro donde me harán pruebas para evitar que mi hija pase por lo mismo. Estaré bien. Cuando pase algo os avisarán de inmediato. Es decisión mía y solo mía y debéis respetar mi voluntad. Yo no tengo el valor para despedirme de mis hijos. Los quiero mucho. Hacedlo saber». Con este mensaje que la propia acusada se envió a sí misma desde el teléfono de su marido el 1 de diciembre de 2019, día en que se produjo el crimen, la presunta asesina ponía en marcha su plan para tratar de hacer creer a los investigadores y a la familia de Isaac —con dos hijos menores de una anterior relación— que éste se había ido de forma voluntaria porque quería poner fin al sufrimiento de su enfermedad degenerativa.

A este mensaje siguieron varios más en el mismo sentido dirigidos a ella misma, a un amigo y a tres familiares. «Estoy bien, qué habéis hecho, sacadme de la búsqueda, respetadme por favor». Así como tras la publicación de Levante-EMV informando de la desaparición de Isaac y donde Beatriu ya admitía indignada que sospechaban de ella.

Si bien es cierto que el expolicía, de 45 años y con ataxia cerebelosa, había manifestado en alguna ocasión su deseo de morir y había recabado información sobre la eutanasia, llegando incluso en septiembre de ese 2019 a inscribirse en la Asociación Derecho a Morir Dignamente, como así recoge el fiscal en su escrito, éste decidió esperar a la reforma legal anunciada por el Gobierno —Ley Orgánica 3/2021 sobre la regulación de la eutanasia— para no implicar a ningún familiar en su muerte.

Además en ningún momento Isaac dejó constancia alguna de cómo quería morir y el método empleado por la acusada, estrangulándolo con los cordones de unas zapatillas después de intentar asfixiarlo abriendo la espita de una bombona de gas butano tras encerrarlo dentro del coche, dista mucho del concepto de una «muerte digna».

Es más, la Fiscalía aprecia alevosía ya que la víctima no tuvo posibilidad alguna de resistirse y, en el vano intento por defenderse, Beatriu le propinó golpes cuando se le estaban pasando los efectos de la pastilla con la que había drogado a su marido para llevarlo hasta Godelleta. Tras acabar con su vida, ayudada por su hijo, tiraron el cadáver envuelto en un plástico a la fosa, donde lo taparon con tierra, piedras y sosa cáustica para dificultar su localización.

Asimismo, los intereses económicos de la acusada, después de que Isaac se hubiera planteado la posibilidad de divorciarse y de marcharse a una residencia, dejándola sin nada, unido a las tretas de la procesada para dificultar la labor de los investigadores —como deshacerse de los teléfonos temporalmente dejándoselos a una amiga y un familiar antes de llevar a su marido a Godelleta para que no pudieran rastrear su geolocalización— son una muestra más de la intencionalidad criminal.

Las investigaciones del grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que seguían de cerca los pasos de la sospechosa, los llevaron hasta el cadáver de Isaac en junio de 2020, tras acudir Beatriu nuevamente a la parcela de Godelleta. La silla de ruedas de la víctima sobre la fosa donde éste yacía fue la última pieza que permitió completar el puzle y destapar este crimen, que ahora la defensa tratará de maquillar con un supuesto caso de eutanasia.