El empresario valenciano del ‘caso Mediador’ afirma haber sido estafado

El empresario valenciano detenido la semana pasada por su presunta implicación en el llamado ‘caso Mediador’, trama de corrupción por la que se encuentra preso el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, aseguró ante el Juzgado de Instrucción número cuatro de Santa Cruz de Tenerife que él, al igual que otros empresarios detenidos en esta misma operación, han sido víctimas de una estafa. Así, señalan a Marcos Antonio N. T., el «conseguidor» o «mediador» que da nombre a la trama, como una especie de «pequeño Nicolás» que les hacía creer que gozaba de unas influencias, que no eran tales, y a quien entregaban dinero para inversiones legales, según indicó el empresario a la jueza.

De hecho, antes de que la Policía Nacional llevara a cabo las detenciones, algunos de los empresarios ya habían manifestado su intención de denunciar a esta persona por estafa. «A cada uno le vendía lo que quería oír», indican las fuentes consultadas por este periódico. Las investigaciones comenzaron precisamente a raíz de la detención por estafa en enero de 2022 de este «mediador», quien habría facilitado a los investigadores conversaciones y más datos que salpicaban directamente al general, a cargos políticos, a funcionarios de la administración en las Islas Canarias y a varios empresarios.

José Santiago Suárez, que figura en la causa como ‘el Drones’, es propietario de una empresa especializada en soluciones técnicas mediante el uso de drones para actividades agroforestales, actividades de seguridad y emergencias y rescates. Se trata de una empresa familiar –en la que figuran sus hijas como administradoras– y en la que realiza colaboraciones con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías locales y ayuntamientos, entre otros.

El empresario, vecino de Riba-roja del Túria, quedó en libertad tras su declaración sin medidas cautelares, salvo la de comunicar cualquier cambio de residencia. El montante que habría pagado al supuesto «mediador» asciende a unos 50.000 euros, según su versión, por inversiones legales que no se llegaron a materializar y por las que dice sentirse estafado.

Para los investigadores estos pagos corresponderían a presuntas mordidas. Como ya informó este periódico, en una de las conversaciones telefónicas que figuran en el sumario, el empresario valenciano le reconoce al ‘mediador’ cómo ha llevado su negocio de drones hasta los países africanos en los que Espinosa dirigía las misiones de cooperación. «Todo lo que hago con África es a través del ‘Papá’» –apodo con el que es conocido el general, único de los detenidos en prisión provisional–.

El valenciano estaría haciendo referencia en esta conversación al proyecto GAR-Si Sahel, grupos de Acción Rápida de vigilancia y de intervención en países del norte del continente africano. Ante la jueza no negó su amistad con el general Espinosa, aunque mantiene que los contratos se obtuviera sin que mediara soborno alguno.

Como informó Prensa Ibérica, la magistrada que instruye la causa ha reclamado cuatro contratos por valor de 2,3 millones que la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp) adjudicó entre de 2020 y agosto de 2021 para dotar de recursos a las misiones de Mauritania, Níger y Mali.

La causa está abierta por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, pertenencia a grupo organizado y blanqueo de capitales. Entre los detenidos figura el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes, quien también ha quedado en libertad «por imperativo legal», según refleja la jueza en su auto, después de que el fiscal sí solicitara la medida de prisión provisional.

La trama de corrupción, que presuntamente lideraba el general de división retirado, Francisco Espinosa, al frente del programa GAR-Si Sahel, afectaba a cargos políticos y funcionarios canarios, que recibían supuestamente beneficios a cambio de utilizar sus influencias o como intermediarios para facilitar los intereses de los empresarios (ganaderos, queseros o el valenciano de la empresa de drones).

Los empresarios asumían gastos de vuelos, hoteles y comidas tanto del general de la Guardia Civil como de los políticos, así como entregas de dinero en metálico. De las indagaciones realizadas hasta el momento, consta un ingreso de 5.000 euros del empresario valenciano, del 11 de enero de 2021, y otros 44.000 euros que no se tradujeron en contrato alguno.