Desarticulan un taller de costura ilegal en Mislata donde explotaban a trabajadores

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, han desarticulado en Mislata un taller de costura clandestino donde se empleaba a trabajadores extranjeros de forma irregular. La policía ha detenido a tres personas, dos mujeres y un varón, de entre 31 y 46 años, de origen boliviano, como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los trabajadores.

Durante la inspección del local han sido identificados doce trabajadores extranjeros, de los cuales nueve se encontraban en situación irregular y carecían de permiso de trabajo y el alta en la Seguridad Social. Según han informado fuentes policiales, algunos empleados tenían que soportar largas jornadas de trabajo por un salario inferior a los 900 euros.

Las labores de investigación se iniciaron en noviembre del pasado año cuando los agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de Xirivella-Aldaia-Alaquás, tuvieron indicios de que los regentes de un local comercial de Mislata podrían estar cometiendo un delito contra los derechos de los trabajadores.

A raíz de las pesquisas, se llevo a cabo un dispositivo policial junto a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, comprobando que se trataba de un taller de costura clandestino de ropa infantil. Aquí se identificaron a doce personas trabajando, de las cuales nueve se encontraban en situación irregular en el territorio nacional, además de carecer de permiso de trabajo y el alta en la Seguridad Social.

La propietaria y los encargados del taller han sido detenidos

En su interior, los agentes también localizaron a los encargados, una pareja de origen boliviano, que junto a otra de las trabajadoras, resultaron ser los únicos que contaban con contrato de trabajo y estaban dados de alta en la Seguridad Social. En el momento de la inspección no se encontraba la propietaria del taller, que a su vez era familia de los encargados, siendo identificada posteriormente.

Algunos de los trabajadores manifestaron a los policías que trabajaban durante prolongadas jornadas de trabajo llegando a alcanzar 58 horas semanales, por las que percibían un salario inferior a los 900 euros mensuales.

Finalmente, tanto la pareja de encargados como la propietaria del local, fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y contra los derechos de los trabajadores. Los arrestados fueron puestos en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales, con la obligación de acudir ante la autoridad judicial cuando fuesen requeridos.