Investigan a un empresario de Puçol por una estafa millonaria a 70 agricultores

Un agujero financiero de 50 millones de euros en un grupo empresarial valenciano dedicado a la producción y comercialización de cítricos ha llevado a juicio a su administrador único, a sus dos hijas mayores de edad, y a otras dos personas, supuestos prestamistas que utilizó presuntamente el primero para desviar todos sus bienes libres de carga con el fin de no hacer frente a sus deudas y préstamos bancarios. Además de este presunto delito de insolvencia punible, por el que este empresario de Puçol se enfrenta a cinco años de prisión, hay otra causa paralela que instruye un juzgado de Torrent por delitos similares así como por estafar a más de 70 agricultores más de 770.000 euros. Las investigaciones de la Policía Nacional han permitido localizar afectados en Castelló, Alicante, Andalucía, Tarragona y Murcia.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia juzgó ayer al administrador del grupo Tamarit Export por este presunto delito de insolvencia punible después de la querella de uno de los bancos con los que contrajo estos préstamos millonarios por falta de liquidez entre febrero y noviembre de 2020, por un importe total de 1.800.000 euros, a los que nunca hizo frente. 

El principal encausado trata de exculpar a sus hijas, también procesadas por este mismo delito

El Ministerio Fiscal considera que tanto el principal encausado como los otros cuatro procesados (entre ellos sus dos hijas) realizaron «una serie de actos de fingida desposesión de sus bienes para que Ibercaja no pudiera hacer efectivo el crédito».

En el caso del empresario y de su hija mayor, administradora de una de las empresas citrícolas, la Fiscalía aprecia la circunstancia agravante de reincidencia al haber sido condenados ambos en 2020 a nueve meses de cárcel por idéntico delito. Precisamente cuando se produjeron los hechos ahora enjuiciados tenían dicha pena de prisión suspendida con la obligación de no delinquir. Por ello solicita para cada uno de ellos cinco años de cárcel por un delito de insolvencia punible, y alternativamente cuatro años en el caso de que la Sala aprecie un delito de alzamiento de bienes.

Para los otros tres acusados las penas solicitadas por el Ministerio Público son de tres años de cárcel. Al parecer, con el fin de ocultar todavía más su patrimonio para no hacer frente a las deudas, el empresario valenciano «actuando en connivencia» con los otros dos acusados, propietario y administrador de otra empresa, firmaron varios contratos de préstamos fingidos mediante la venta de licencias de explotación de una variedad de cítricos por la mitad de su valor, «y con el inviable plazo de devolución de un mes», según remarcó la fiscal en su informe, teniendo en cuenta que el préstamo ascendía a 2.400.000 euros. Como garantía se quedarían con todas las participaciones del capital social de la empresa en cuestión, con lo cual el principal acusado lograba así desviar sus bienes.

Las alegaciones del acusado

Durante su interrogatorio el empresario, que se limitó a responder únicamente a las preguntas de su abogada, se centró en exonerar de cualquier tipo de responsabilidad a sus hijas. Así, remarcó que él era el administrador único de dichas empresas y que sus hijas se limitaban a hacer lo que él decía. Además, para justificar los préstamos que suscribió la mayor en nombre de las sociedades, éste lo justificó diciendo que no podía desplazarse a la notaria porque durante la pandemia apenas salía de casa por ser población de riesgo.

También trató de aclarar la donación a sus tres hijos de unos terrenos agrícolas, que calificó de «pequeñas propiedades», cuya propiedad compartía con su madre y su hermana, en Moncada y Massamagrell. Donación a la que habrían renunciado las también acusadas.

Achaca los impagos a una «campaña terrorífica» y la falta de liquidez por los créditos ICO que le sugirió el banco

Para tratar de explicar los motivos por los que una empresa que, según él, llegaba a facturar unos 45 millones anuales, dejó de pagar a agricultores y los préstamos contraídos, el empresario lo atribuye a que la campaña citrícola 2021-22 fue «desgraciada y terrorífica», y mucha fruta se estropeó en el campo.

De igual modo también responsabilizó al propio banco, al alegar que fueron ellos quienes le sugirieron crear una sociedad donde agrupar aquellas propiedades que eran pequeñas y no tenían especial valor, como garantía para avalar dichos créditos, y que no fuera él la persona para que no hubiera vinculación. Por último, achaca a los créditos ICO la falta de liquidez real, que acabó llevando a su grupo de empresas a un concurso de acreedores.