El autoconsumo eléctrico se había convertido en la última frontera del sector de las energías renovables. Tras el hachazo al sistema de primas y subvenciones a la generación propiciado progresivamente por el Gobierno, la opción de favorecer la instalación de placas solares en domicilios particulares, edificios e industrias con la opción de verter a la red la energía no consumida se ofrecía como la alternativa salvadora para instaladores, fabricantes e inversores. Sin embargo, el modelo de regulación que el Ministerio de Industria acaba de remitir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su estudio es un verdadero jarro de agua fría tanto para el sector como para aquellos que veían en este tipo de generación un modelo más limpio de generación.
El borrador de Real Decreto del departamento que dirige José Manuel Soria consolida la propuesta de peaje de respaldo o de acceso a las redes. Es decir, sólo por el hecho de conectar un equipo o instalación el productor doméstico tendrá que pagar. La filosofía de Industria es que cualquier consumidor vinculado a la red debe contribuir a sufragar todos los costes del sistema (pagos por capacidad, déficit de tarifa, etc). Pero además, el decreto contempla un segundo peaje o gravamen por cada kilovatio generado. Para completar el puzzle impositivo, los consumidores con instalaciones domésticas y las empresas podrán verter a la red la electricidad que no consuman, pero no recibirán una compensación económica por ello. «Se parte de una premisa falsa porque el uso de la red ya lo paga el consumidor con la tarifa de enganche», afirma Marcos Lacruz, presidente de la patronal valenciana de empresas de renovables Avaesen. A su juicio, Industria está planteando una doble imposición que en el fondo sirve de «excusa perversa para desincentivar las instalaciones».
Según Avaesen, el nuevo marco regulatoria deja los pies de los caballos las ventajas económicas que consumidores domésticos o empresas pueden encontrar en el recurso al autoconsumo. Las estimaciones que maneja Lacruz son que frente un retorno de la inversión de cuatro o cinco años como podría ser normal «nos vamos a ir a amortizaciones de 25 años», un plazo muy poco atractivo para aquellos ciudadanos de a pie que quieran usar energías más limpias y a la vez ahorrar en su factura eléctrica.
Para colmo, el Gobierno quiere gravar también baterías de acumulación de electricidad sobrante como la que Tesla acaba de sacar al mercado, lo que desincentiva todavía más la apuesta por el autoconsumo. «Parece que todo esté concebido para que no entre ni un rayo de luz», dice Marcos Lacruz.
Soria ha justificado los gravámenes por razones de equidad en el mercado. El ministro sostiene que quien cuenta con equipos de autoconsumo y a la vez se engancha a la red «tiene que pagar por esas infraestructuras, porque, de lo contrario el resto de consumidores estarían pagando por usted», contestó a la oposición en una comparecencia parlamentaria.
«Vulnera la Constitución»
No piensan igual el conjunto de empresas del sector, hartas de la multitud de trabas gubernamentales que encuentran para desempeñar su actividad. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) sostiene que el denominado «impuesto al sol» vulnera la Constitución Española y dos directivas europeas y que atenta directamente contra los planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. «Resulta paradójico que en el Día Mundial del Medio Ambiente el Gobierno publique una normativa diseñada específicamente para poner una barrera económica que desincentive a los ciudadanos a invertir en sistemas de ahorro energético basados en energías limpias. El texto presentado es discriminatorio, atenta contra las libertades individuales y la eficiencia energética y vulnera la legalidad», señaló la semana pasada el presidente de UNEF, Jorge Barredo.
Esta patronal nacional ha denunciado además que el texto pretende aplicar los peajes de forma retroactiva a las instalaciones existentes. «Penalizar con una peaje extra al consumidor responsable que ahorra con un sistema de autoconsumo es como imponer un impuesto por estar ahorrando a quien decida abanicarse en vez encender el aire acondicionado todo el día», señaló Barredo.
