Me da pena que Rodrigo Rato vaya a la cárcel por 90.000 euros ya devueltos». Estas palabras, pronunciadas anteayer por Esperanza Aguirre, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, resumen una de las grandes verdades de la crisis del sistema financiero español, obviando de ellas, eso sí, la parte de que le apene (daría para una enciclopedia comentar la responsabilidad de Aguirre en la politización de la extinta Caja Madrid).
Es cierto que Rato se encamina a prisión, después de que el Tribunal Supremo confirmara esta semana la pena de 4,5 años de cárcel que le impuso en 2017 la Audiencia Nacional, por las tarjetas black. Estas permitían retiradas de dinero con cargo a la caja para uso personal y eran opacas a Hacienda. Rato se benefició de 90.000 euros. En total 12,5 millones de euros se gastaron ilícitamente entre 2003 y 2012 él y otros 63 exdirectivos y consejeros.
Aunque devolvió el dinero, el Supremo le culpa de que cuando accede a la presidencia de la entidad «mantiene y amplía un sistema» de retribución que contribuyó a vaciar el patrimonio de la caja, «contra cuya cuenta se giraban las cantidades pagadas con las tarjetas. Se aprecia la existencia de un plan para disponer de dinero en beneficio de cada uno de los acusados», indica el juez del Supremo en la sentencia.
Eso es lo que, por el momento, va a llevar a la cárcel a Rato en espera de que cómo evolucionen otras causas pendientes, como la salida a Bolsa de Bankia. No va a ser, por ahora al menos, su contribución a la crisis del sistema financiero. Ésta provocó la aniquilación de las cajas de ahorros, un sector que fue positivo y útil para la sociedad en su origen pero que se convirtió después en un auténtico diablo por su politización (en connivencia con los gestores temerarios) y el abuso del negocio inmobiliario. Llegaron a controlar el 50% del mercado y hoy son historia, incluida Caja Madrid.
Tampoco va a la cárcel por otra contribución de Caja Madrid y de su sucesora Bankia: su cuota en el saneamiento y reestructuración de la banca, un proceso que costó más de 225.000 millones de euros, entre las cantidades aportadas por las entidades y por el Estado. Lo que le aboca a la prisión, igual que puede suceder con otros expresidentes como Narcís Serra, es la avaricia salarial que practicó desde su aterrizaje en el mundo de las cajas (al que llegó con un abultado patrimonio) tanto cuando no había límites a remuneración de los presidentes de cajas como cuando después los hubo. Que sólo pueda ir a la cárcel por 90.000 euros -por mucho que éstos puedan ser un símbolo de los desmanes de las cajas- es lo que da pena.
