Uno podría decir: «Esta herencia no la quiero». Renunciar a ella, como hacen algunos herederos cuando constatan que aceptarla implica más deuda que patrimonio. O sea, la ruina. La Generalitat no ha llegado a tanto, pero ¡vaya tela!. La Comunitat Valenciana se ha convertido en la autonomía con un mayor endeudamiento público respecto a su Producto Interior Bruto (PIB). Adeuda el 42 % de lo que genera. Es una enormidad y una espada de Damocles para las generaciones futuras. Tal vez para las actuales si se tuerce el camino de la recuperación. ¿Cómo se ha llegado a este descontrol? ¿Por qué la salida de la crisis no ha traído un respiro pese al alza de los ingresos? ¿Qué sucederá cuando la política monetaria se normalice (si lo hace)?
Las cifras son abrumadoras. Al cierre del segundo trimestre de este año, la Generalitat adeudaba 46.322 millones de euros. Como afirma el conseller de Hacienda, Vicent Soler, se trata de tres veces más que los ingresos ordinarios de la administración autonómica en un año. En 2011, su antecesor del PP, José Manuel Vela, aseguró en una entrevista con este diario que la deuda no le dejaba dormir. Literalmente. No era para menos. En aquel año, la Generalitat adeudaba 21.860 millones, de los cuales 12.000 correspondían a bancos nacionales y extranjeros y los restantes 9.200 a emisiones de bonos colocadas en los mercados. Estos últimos se habían cerrado para las autonomías a la vista de la magnitud de la crisis y sus efectos sobre las cuentas de las mismas. Había que abonar los vencimientos y nadie quería prestarles. El Estado tuvo que salir en su socorro, con la ventaja de que el tipo que aplicaba -ahora es de ocho décimas por incumplimiento- era cero. En la actualidad, 38.200 de los 46.322 millones que debe la Generalitat están en manos del Estado. Solo 962 corresponden a bonos. Como recuerda el entonces conseller de Hacienda con el PP, Juan Carlos Moragues, entre 2014 y 2015, los intereses de la deuda bajaron de 1.200 a 350 millones. Ya se podía dormir. Ahora bien, en los siete años que van entre 2011 y 2018, la deuda valenciana se ha más que duplicado. ¿Por qué?
La deuda es fruto del desajuste entre los ingresos y los gastos. Por ejemplo, a finales de 2011, el déficit era del 5,1 %, es decir 5.100 millones a sumar. Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), asegura que al llegar la crisis cayeron estrepitosamente los ingresos públicos, como los tributos propios y cedidos, que bajaron de 3.000 a 1.000 millones entre 2007 y 2012. En idéntico período, por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el impuesto de transmisiones patrimoniales pasó de 2.500 a 700 millones. Hasta 2011, el gasto se mantuvo, lo que «generó una gran brecha de déficit primario; después se inició la operación de control del déficit, pero este no ha desaparecido, con lo que la deuda ha crecido».
La clave es que ha habido rescate del Estado, pero no se ha resuelto el problema de fondo que origina esa deuda. Por ejemplo, en los tres años de Consell del socialista Ximo Puig ha aumentado en unos 6.000 millones de euros, de los cuales, según Soler, 2.600 «son herencia del Gobierno anterior». Pérez estima que un 15 % del total de deuda se origina en los gastos «discutibles» de los 20 años de ejecutivos del PP. Es lo que el actual conseller de Hacienda califica de «excesos en la gestión» de sus predecesores del PP entre 1995 y 2015. O sea, los eventos, los edificios emblemáticos, la corrupción... Pero el otro 85 % es fruto de la infrafinanciación autonómica, la madre de todos los desastres.
Hay varios factores que contribuyen a ese desfase creciente. Las autonomías, como la valenciana, que estuvieron entre las primeras en recibir las competencias de sanidad y educación a mediados de los ochenta tuvieron que asumir un mayor esfuerzo inversor que las que las obtuvieron en el cambio de siglo, porque en el caso de estas el dinero lo puso el Estado.Y es que la Comunitat Valenciana tenía más hospitales y escuelas privadas que otras autonomías. Para aumentar lo público hubo que destinar más recursos. Además, el coste efectivo del servicio, es decir, el dinero que abona el Estado, correspondía en el caso valenciano a 1985, que era más barato. Por tanto, las transferencias eran inferiores a las que recibían otras autonomías. También afectó el incremento poblacional. El sistema de financiación de 2002, con base 1999, no contabilizaba a casi un millón de nuevos ciudadanos, según recuerda Moragues. Todo eso generó una sangría constante que los sucesivos sistemas no han paliado. Con la llegada de la crisis, según Soler, «se descubre la vergüenza del sistema», hasta entonces tapada por los ingresos de la bonanza y la libertad para hacer emisiones de bonos. Sin un dique de contención, la deuda sigue fluyendo.
¿Qué riesgos asumen los valencianos con una deuda tan elevada, especialmente si no se corrigen los factores de fondo que la generan y en un contexto de subidas de tipos en la eurozona. Pues hay visiones ligeramente contrapuestas. Moragues asegura que le preocuparía «más si la mitad de la deuda estuviera en los bancos o en bonos, sobre todo sería dramático en el caso de los segundos, porque los tipos que nos aplicarían serían más altos, pero como la gran mayoría está con el Estado, no veo peligro, porque te cobra menos». Francisco Pérez y Vicent Soler creen que el riesgo está en que si el BCE sube los tipos al Estado este acabará trasladando ese incremento a la deuda que tiene contraída con él la Comunitat Valenciana, con lo que los costes se elevarían y, en consecuencia, habría que detraer esos recursos de otras partidas de gasto.Con tipos al 2 %, se alcanzarían los 900 millones solo en intereses. Sea como fuere, los consultados coinciden en la imperiosa necesidad que tiene la autonomía de lograr un nuevo sistema de financiación que frene o anule el déficit estructural que provoca el actual y una condonación de la deuda generada por el mismo y sus antecesores, que está cifrada en unos 16.000 millones. Solo así, como afirma Soler, «dispondremos de recursos suficientes para otras políticas económicas». Sea.
