cuando hacemos la compra en un comercio local, mercado, supermercado, hipermercado? incluso a través de nuestro ordenador, estamos cerrando un círculo que tiene su origen en el campo, en el esfuerzo de muchos agricultores que producen con la máxima calidad y seguridad, y esperan obtener con ello una justa remuneración.
Hasta llegar al consumidor, esos productos ganan un valor añadido, a través de diferentes procesos de elaboración, confección, envasado, presentación? La cadena que conecta a productores y consumidores tiene diferentes eslabones, desde la industria a la propia distribución. El valor añadido se reparte entre todos los agentes implicados en el proceso. Y desafortunadamente no lo hace en la misma proporción. Así, se calcula que los productores reciben únicamente el 21% del valor añadido en la cadena, mientras que la industria recibe un 28% y la distribución el 51% restante.
Mientras que el sector productor peca de excesiva atomización, el negocio de la distribución se caracteriza por una enorme concentración. Para reforzar el papel de los productores en la cadena y evitar situaciones de abuso, diferentes Estados miembro de la UE tienen normas específicas relacionadas con la cadena alimentaria. Entre ellos España, que cuenta con una Ley, la 12/2013, de referencia en la materia. Las instituciones europeas trabajan en una normativa que establezca un marco común de relaciones y que pueda armonizarse con las legislaciones estatales ya vigentes. Se trata de una demanda recurrente del sector desde hace años, en la que Cooperativas Agro-alimentarias de España ha insistido con vehemencia, desarrollando una intensa actividad de influencia a todos los niveles.
En busca de controles
El pasado 25 de octubre, tuvo lugar en el Pleno del Parlamento Europeo la ratificación de un informe de la Comisión de Agricultura (COMAGRI) sobre las modificaciones a la propuesta de la Comisión en materia de regulación de las Prácticas Comerciales Desleales (PCD). Se trata de un paso fundamental para conseguir una cadena alimentaria más justa para todos los que formamos parte de ella. El proceso de negociación que se abre entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo debe terminar de perfilar un acuerdo para el desarrollo de una Directiva que ataje determinadas prácticas comerciales que hacen peligrar la viabilidad de muchas explotaciones y empresas del sector. Una regulación que debe beneficiarnos a todos, y que tenga su impacto hasta en los propios consumidores.
