P ocas cosas hay más molestas que deslomarte en un proyecto o en la fabricación de un producto, adelantar los costes y cuando llega el momento de la satisfacción final, o sea, el cobro por el trabajo realizado, quedarse in albis. Son los impagos y son más habituales de lo que parece. Sin ir más lejos, el Banco de España publicó el pasado jueves un informe sobre la deuda comercial de las administraciones públicas que sacaba los colores a la Comunitat Valenciana, donde el período medio de pago a los proveedores subió desde diciembre del año pasado de 28 a 32 días de retraso sobre los 30 legales. La cifra es la más elevada tras los 35 días de Cantabria.Es un serio problema que no solo se da en el sector público.
Las deudas comerciales, como se vio con tanta frecuencia durante los años más duros de la crisis, ponen en peligro la supervivencia de muchas empresas, singularmente las más pequeñas y los autónomos. La firma de gestión de cobro y prevención de impagos Intrum asegura que el 42 % de las pymes españolas permite a sus clientes que abonen el importe del servicio o producto fuera de plazo, especialmente cuando se trata de multinacionales. Solo un 5 % aplica un recargo al aceptar unos plazos de pago más largos. Intrum propone cinco medidas para poner coto a esta práctica.
