En 2018 el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) agravó el error ya perpetrado hace décadas con la regulación en materia de transgénicos (OGM). En aquella polémica resolución se consideró que los organismos obtenidos mediante mutagénesis debían de ser tratados como un OGM. Fue otro despropósito que ahondaba en el sinsentido de regular los alimentos según la técnica usada para obtenerlos y no según la seguridad del producto en sí. El pronunciamiento del TJUE rozaba lo kafkiano en el caso concreto de la edición genética (CRISPR), cuyos cultivos mejorados no se pueden diferenciar de los convencionales. Pero rectificar es de sabios y tras provocar una auténtica estampida de la inversión biotecnológica en Europa ahora los Estados miembros han reclamado a la Comisión que realice un estudio con opciones para actualizar la legislación existente.
El ministerio está analizando ahora las inmensas oportunidades que estas técnicas ofrecen para el sector agroalimentario. En su honor, conviene reconocerlo ahora, cabría decir que España ha sido uno de los países más beligerantes contra estas cortapisas. Ahora que el sentido común parece comenzar a imponerse y que, más allá del CRISPR, podría llegar a reorientarse incluso la inefable directiva europea sobre OMG's, confiemos en que nadie ponga más palos en la rueda y se consolide tal rectificación. Apartarse del sendero europeo ahora abierto y nacionalizar esta política -como ha hecho Francia con los propios transgénicos o con el glifosato- sería desmarcarse de lo que han reclamado otros 13 estados miembros, y de lo que ya ha anunciado que hará el Reino Unido post brexit, pues todos exigen un giro radical a estas normativas. Y supondría alejarse de los avances que ya se están obteniendo en EE UU, Japón, Brasil, China?
Antes incluso de desarrollarse la Cumbre del Clima de Madrid, la UE ya demostró su compromiso con esta causa global y aprobó su Green Deal, que en materia agraria incidirá en una reducción del recurso a los fertilizantes. Recientemente, el Gobierno español declaró la 'emergencia climática' que también conllevará nuevos compromisos para alcanzar «un sistema agrario neutro en emisiones de CO2». Añadan a este horizonte la política más restrictiva del planeta en materia de fitosanitarios los incrementos constantes de los costes de todos los insumos; los nuevos requerimientos sociales, como la subida del SMI, las crecientes exigencias en materia de seguridad alimentaria, las medidas para frenar el desperdicio alimentario que abandera la gran distribución ? Imposible de abordar si, además, no se deja una ventana abierta a la tecnología conocida más barata, segura, accesible y que brinda resultados más a corto plazo. Y sí, el futuro de la citricultura también pasa por el CRISPR. Está empezando a dar soluciones para repeler a los vectores que portan el HLB o la Xylella.
