A veces no hacen falta muchas palabras. Un breve tuit del cineasta Fernando León Aranoa golpea como un mazazo de cruda realidad. «Barrio, 2020», escribía esta semana, en actualizada referencia a su película Barrio, un drama social sobre la falta de expectativas para los jóvenes en la periferia obrera de una gran ciudad. Acompañando al mensaje, dos fotos de repartidores cargados con enormes mochilas serigrafiadas con el nombre de plataformas de envío a domicilio.
Inevitablemente, los repartidores, a lomos de motos, bicis o patinetes, se han convertido durante estos años de recuperación económica en la metáfora de una nueva precariedad que castiga especialmente a los jóvenes. Los riders, como se les conoce, trabajan como autónomos para estas empresas digitales, cobran por encargo, entre 1,5 y 4 euros el envío, y conviven en largas jornadas con los peligros de circular por la gran ciudad a toda velocidad.
Pero la juventud también implica rebeldía. Y audacia. Tras varios años masticando la idea, un grupo de cuatro veinteañeros de la plataforma riders x derechos de València va a dar el paso de convertirse en cooperativa (Rodant) para hacer por ellos mismos lo que ahora hacen como autónomos para estas empresas. Dicho de otra forma, tratar de plantar cara en un sector copado por grandes multinacionales.
Así lo explica Pepe Forés, portavoz del grupo que, apoyándose en la Federación Valenciana de Cooperativas (Fevecta), aspira a lanzar a finales de este año su proyecto, si la pandemia no lo impide. «Nuestra idea es demostrar que este empleo es viable sin utilizar falsos autónomos. Somos una cooperativa social, la idea no es hacernos millonarios. Lo que no nos gusta es que cuando la gente hace un pedido en una de las plataformas envía su dinero a un paraíso fiscal», critica.
Este joven (Mislata, 1995) lleva un lustro rodando por la ciudad con su patinete eléctrico. Ha pasado por tres plataformas (Glovo, Deliveroo y ahora Ubereats), vivió la primera huelga del colectivo en España en 2017, y ha asistido al conflicto en el que su colectivo ha logrado también sentencias declarando que los trabajadores son falsos autónomos.
Lo que ellos pretenden, con todo, parece más fácil de decir que de hacer, aunque hay ejemplos de éxito, como La Pájara, una cooperativa de repartidores de Madrid, en la que se inspiran. Sostienen que se puede obtener un acuerdo justo para el trabajador y también para el colaborador, es decir, los restaurantes o cualquier otra empresa a las que les hacen el envío, sin porcentajes como los que aplican las plataformas digitales del mercado y que consideran abusivos. Su esquema consta de una tarifa del 25% que abona el restaurante por cada pedido y un pago de 3,5 euros por parte del cliente que recibe en casa.
Con eso, sostiene, se pueden crear mejores condiciones que las que el rider tiene ahora, en una relación con la empresa, además, en que el repartidor debe aportar los medios de trabajo. «Lo que predicamos es la igualdad», resume Forés. Además de poner el vehículo y el teléfono móvil para sus futuros trabajadores, sostienen que se puede pagar al empleado 7 euros por cada hora en que esté contratado, haga un servicio o diez, y no necesariamente cobrar por pedido. Además, pondrán un límite: los envíos llegarán a un radio máximo de 3,5 kilómetros respecto del restaurante.
Con la tecnología disponible en el mercado (negocian con una aplicación de uso libre que ya utilizan cooperativas de mensajeros en varias capitales europeas), el reto es convencer a los restaurantes. «No vamos a ir a las cadenas de comida rápida. Tenemos la idea de asociarnos con casas de comida para hacerles reparto a domicilio, tiendas de venta de vino, pequeña y mediana restauración, paquetería para pymes y nos gustaría enfocarnos también a supermercados ecológicos o herbolarios. Nos queremos caracterizar por la mayor carta vegana de València», aseguran desde Rodant, que plantean un negocio de proximidad, ético para el trabajador, el restaurante que provee y que también requiere compromiso del usuario final.
El ambicioso reto que se han planteado estos jóvenes, encontrar un hueco entre gigantes, evidencia que el modelo laboral de este nuevo mercado creado por las aplicaciones móviles es objeto de debate. Pese a las diferentes sentencias contra las plataformas, la relación laboral sigue en la órbita de la figura del autónomo, aunque se van introduciendo cambios. El Ministerio de Trabajo, de hecho, acaba de sacar a consulta pública el borrador de un proyecto de ley para acabar con los falsos autónomos en plataformas y aclarar las reglas para estos nuevos modelos de negocio. En València, de hecho, donde se vivió la primera huelga y las primeras actas de infracción de la Inspección de Trabajo, el asunto lleva tiempo siendo objeto de debate académico con especialistas como el profesor de Derecho del Trabajo de la UV, Adrián Todolí. El experto, además, está preparando junto al Instituto de Salud Laboral de la Generalitat (Invassat), y su homólogo vasco, la primera guía sobre prevención de riesgos laborales en la economía de plataformas. La vulnerabilidad del colectivo se ha visto con claridad en esta pandemia, cuando ha sido la Policía local de València quien les ha equipado con mascarillas al seguir trabajando en pleno estado de alarma.
