Crónicamente mala. Así es la salud financiera del sistema español de pensiones públicas. No es ninguna novedad, pero pese a todos los avisos de tantos años el déficit va a más. Y la situación, además, va a empeorar este año como consecuencia de la pandemia por sus efectos sanitarios y económicos: los ingresos bajarán conforme crezcan los despidos y el gasto aumentará, porque la elevada mortalidad entre los mayores de edad no va a tener un efecto de compensación. Así lo asegura Enrique Devesa, profesor de Economía Financiera de la Universitat de València y uno de los integrantes del comité de expertos que asesoró al gobierno en la última reforma del sistema, en 2013. Junto a otros investigadores de esta cuestión, Devesa acaba de publicar un documento de trabajo donde se estima cuál será el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) para 2021. Malas noticias. Para tratar de reducir el déficit ya endémico habría que bajar estas prestaciones de media un 2,47 %, casi un punto más que en el ejercicio precedente y tres décimas por encima del anterior.
El citado índice fue un instrumento introducido en la reforma para calibrar cuánto tendrían que revalorizarse -o no- las pensiones para que su subida quedara desvinculada del IPC y para que hubiera en el sistema un equilibrio entre ingresos y gastos, es decir un déficit cero. Pero se trata de un valor meramente teórico, porque la legislación actual establece que las pensiones no pueden bajar y que la subida mínima será del 0,25 %. En el supuesto ahora impensable de que hubiera superávit, estas prestaciones podrían subir con un tope máximo del IPC (Índice de Precios al Consumo)más medio punto si el IRP es superior al 0,25 %. No obstante, Devesa recuerda que este índice -aplazado pero no derogado- solo se aplicó hasta 2017, ya que en los dos últimos años dejó de tomarse en consideración para que las pensiones no subieran solo el 0,25 % y se pudiera aplicar un alza del IPC, tal como recogió la ley de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado de 2018, que siguen prorrogados. De hecho, el acuerdo para las cuentas públicas entre el gobernante PP y el PNV propició que las pensiones subieran un 1,7 % en 2019.
Aunque el IRP no se está aplicando en la actualidad, Devesa defiende sus bondades porque «mide la salud financiera del sistema: los ingresos, los gastos y también una parte de corrección del déficit». De hecho, si no fuera por ese desfase crónico, el saldo del IRP hubiera sido positivo para 2020, que toma en consideración los datos de 2019. Para 2021, ya con las sombras de este año por el coronavirus, el horizonte es desolador. El IRP adelantado para el próximo ejercicio, como ha quedado dicho, está en el -2,47 %, peor que el de 2020 «y los efectos económicos que ya hemos empezado a ver asociados a la covid-19 no harán más que ahondar en este deterioro», asegura el mencionado documento, que añade que, «en todo caso, el valor de -2,47 por ciento es suficientemente importante como para seguir preocupados por la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, aunque no estuviéramos a las puertas de una nueva crisis económica».
Y ¿cuál es la solución? Enrique Devesa considera que el IPC no puede utilizarse como instrumento para subir estas prestaciones de forma general, sino que ha de aplicarse solo para las pensiones más bajas y las mínimas. «Hay que plantear un alza de forma escalonada según la cuantía y que las más altas no se eleven en función del IPC. No puedes bajarlas, pero lo que no puedes hacer es revalorizarlas en un 1,7 % como sucedió en 2019», porque de esa forma nunca se podrá reducir o suprimir el déficit ni garantizar la sostenibilidad del sistema.
