S. G./M. V., Valencia
En tiempos de crisis, los municipios se lanzan a la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos acordes a los tiempos. El Ayuntamiento de Valencia ha aceptado la sugerencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y se sumará, a partir de 2009, a los consistorios que ya cobran una tasa a las operadoras de telefonía móvil por la utilización del espacio público. Este gravamen de nueva creación -la gran novedad de unas ordenanzas fiscales que congelan los impuestos de vivienda, vehículos, actividades económicas y plusvalía por decisión política- supondrá, según los cálculos del servicio de Hacienda, unos ingresos de 5,5 millones de euros.
La tasa es el resultado de aplicar un tipo del 1,5% sobre los ingresos medios (la cifra total de ingresos dividida por el número de usuarios) por operaciones de los clientes de telecomunicaciones móviles con domicilio en el término municipal de Valencia. Según los datos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones en 2007 las operadoras ingresaron 368,1 millones. El 1,5% son 5.521.571,84 euros. El consistorio calcula que el uso de 618.070 metros lineales de suelo para abrir zanjas y tender cables para la instalación de las atenas (correspondientes a las licencias otorgadas entre 1993 y julio de 2007) todavía es superior ya que ronda los seis millones de euros.
La nueva tasa se cobrará trimestralmente. Valencia no es la primera, ni la única ciudad que la exige. En realidad, la idea parte de una recomendación aprobada en el seno de la FEMP el año pasado. El Ayuntamiento de Málaga es pionero en este gravamen. Las compañías no se han quedado de brazos cruzados, ya que entienden que la ley les exime. En Badalona, que también lo aplica, Vodafone ha llevado la causa hasta el Tribunal Supremo. El Ministerio de Hacienda recomienda que operadoras y ayuntamientos negocien.
Barberá destaca la "congelación"
La alcaldesa volvió ayer a hacer hincapié en la congelación de impuestos que ya anunció hace un par de semanas "para intentar ayudar al ciudadano a atravesar esta crisis", dijo. Durante su intervención para informar sobre los acuerdos de la Junta de Gobierno, donde se aprobó la imposición de los tributos municipales, Barberá reiteró la "paralización absoluta" de varios impuestos: el IBI, los vehículos, las construcciones, la plusvalía y el IAE.
Las tasas y servicios municipales, sin embargo, no se benefician de esta suspensión porque "se trata del pago por un servicio concreto", explicó Barberá. Aún así, quiso aclarar que estos aranceles "sólo se incrementarán un 5% de IPC", a excepción de un par de casos: los servicios que el consistorio presta en los centros de discapacitados Nostra Casa-Vall de la Ballestera y Fuente San Luis, donde "no se aumentará ni el IPC".
Por otra parte, el grupo municipal socialista considera que "la subida de todas las tasas en un 5% y el aumento encubierto del IBI un 13% a través de la nueva tasa de basuras desmienten la congelación de impuestos anunciada por la alcaldesa". El concejal Juan Ferrer explicó que el ayuntamiento "sólo ha congelado voluntariamente el impuesto de vehículos". El edil recordó que no se puede subir el impuesto de obras, al tratarse de un tributo variable. Asimismo, afirmó que el año que viene se recaudará un 13% más con el IBI y la tasa de basuras.
