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La sentencia del juzgado de lo contencioso número 1 de Valencia que anula la licencia de actividades inocua de la subestación de Patraix y la declara peligrosa dio pie ayer a lecturas de todo tipo. Mientras Iberdrola, propietaria de la instalación de alta tensión, anunció que recurrirá el fallo por ser "contrario a derecho" -quizás también porque puede sentar precedente en otras subestaciones-, los vecinos advirtieron de que el fallo les insufla "nuevos ánimos" y que seguirán con la batalla judicial hasta que se desmantele la planta como han prometido Gobierno y consistorio.
La alcaldesa, por su parte, despejó culpas hacia la Generalitat. "La licencia fue consecuencia de la consulta al órgano de cualificación de la Generalitat, que decretó que era inocua", dijo Rita Barberá. Mientras, el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, interpretó que el fallo anula la concesión de la licencia pero "de ahí a decir que la subestación es peligrosa hay un trecho". Los socialistas de la ciudad, por su parte, destacaron que la sentencia "restituye el sentido común que el equipo de gobierno" municipal "nunca debería haber perdido".
Lo cierto es que el fallo concluye que "en aplicación del principio de precaución y con el fin de proteger la salud de los ciudadanos debió calificarse la actividad como peligrosa y no concederse licencia de actividad inocua". La juez pone en solfa la tramitación contradictoria de la licencia por parte del ayuntamiento, que primero la consideró calificada y luego dijo que era inocua en base a un "simple oficio" y sin un informe motivado de la Generalitat.
