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El gobierno municipal del PP va a dar a cuenta del plan Zapatero un paso más en la privatización de las escuelas infantiles de la ciudad. El Ayuntamiento de Valencia, que hace 18 años dejó en manos de empresas privadas una incipiente red de escuelas municipales para niños de 0 a 3 años impulsada por el anterior gobierno socialista, repetirá la fórmula de gestión indirecta en las tres escuelas que se construyen con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.

El ayuntamiento entregará llave en mano a las empresas privadas tres instalaciones nuevas en las que se habrán gastado 4,3 millones de euros. Las nuevas escuelas están en Quatre Carreres, Algirós y la calle General Llorens. El ayuntamiento ha incluido una cuarta, de menor tamaño y coste (670.000 euros), en la central de la Policía Local de la avenida del Cid, que posiblemente se reservará a funcionarios. Las escuelas tienen un plazo de ejecución de ocho meses y aunque, según el concejal de Educación, Emilio del Toro, "se está cumpliendo a rajatabla" es poco probable que empiecen a funcionar este año.

El nuevo modelo de gestión indirecta, cuya legalidad defendió del Toro frente a las críticas lanzadas ayer por el PSPV, sustituye al del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles impulsado por el gobierno socialista de Ricard Pérez Casado. Este modelo de economía social funcionaba a través de cooperativas de profesionales sin ánimo de lucro y llegó a contar con una decena de locales, la mitad de ellos de titularidad municipal en la década de los 80.

Cuando el PP llegó en 1991 al gobierno de la ciudad la red de escuelas infantiles gratuitas decayó. La entonces concejala de Educación, María Dolores García Broch (UV) apostó por un nuevo modelo de gestión indirecta, que más tarde se exportaría a polideportivos y dotaciones culturales. Las escuelas infantiles ubicadas en locales del ayuntamiento se privatizaron con la excepción de la de Pinedo, que sigue bajo gestión municipal. Los otros centros, en cuyas fachadas no hay letreros ni nada que indique que son de titularidad pública, están en Natzaret, en la calle Tres Cruces, el Jardín de Ayora y la calle Poeta Artola, en el barrio de San José. Como compensación para las familias con rentas bajas el ayuntamiento instauró el cheque escolar, que subvenciona parte de la escolarización.

La portavoz del PSPV, Carmen Alborch, y el concejal de su grupo Juan Soto advirtieron ayer sobre el "deterioro de la educación pública" en la ciudad. Soto explicó que con la gestión indirecta "el ayuntamiento se convierte en mero arrendatario, no interviene en nada, ni en precios públicos ni en condiciones de matriculación y acceso ni en el control académico y curricular". El gobierno de Zapatero, dijo Soto, "se va a gastar una millonada en nuevas infraestructuras educativas que van a acabar en manos privadas y sobre las que el ayuntamiento no ejerce ningún control". Para Soto, la situación producida en Valencia debe hacer reflexionar al Gobierno para que establezca condiciones en sus futuros planes de inversión local "que eviten que unos equipamientos públicos muy costosos y en condiciones inmejorables acaben regalándose".

Del Toro recordó que la gestión privada de las escuelas infantiles es una fórmula prevista en la ley que "incluso han copiado municipios gobernados por la izquierda como Quart de Poblet". En cuanto al control que tiene el ayuntamiento sobre la gestión de estos centros, del Toro apuntó que en los pliegos de condiciones se fijan los requisitos de matrícula, las cuotas y el canon que paga el ayuntamiento.