El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un proyecto de ley que modifica la Ley de Navegación Aérea para reconocer el derecho de los afectados por el ruido de los aviones a ser resarcidos por los daños y perjuicios que sufren y garantizar a la vez el futuro de las infraestructuras aeroportuarias.
Según ha informado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la finalidad de esta reforma "es doble: proteger adecuadamente a los ciudadanos que viven en poblaciones afectadas por el ruido de los aviones y salvaguardar los intereses del conjunto de los ciudadanos que utilizan los servicios aeroportuarios".
De la Vega se ha referido específicamente al aeropuerto de Madrid-Barajas, del que ha dicho que "es un gran motor" económico y que la reducción de los vuelos por causa de las molestias que generan podría afectar a cerca de 125.000 y causaría perdidas "en torno a los 1.100 millones de euros de forma inmediata y de unos 3.000 millones a medio y largo plazo".
"Con el objetivo de conciliar todos los intereses legítimos que confluyen en este tema -ha dicho la vicepresidenta-, el proyecto de ley pone encima de la mesa una serie de actuaciones en el aeropuerto obligando a AENA a realizar un plan de acción y otras medidas en las viviendas de los ciudadanos afectados que amortigüen las molestias que les causa el ruido".
A juicio del Gobierno, "de esta forma se garantiza el futuro del aeropuerto y se evita la pérdida de empleos y de actividad económica, beneficiando así no sólo a la Comunidad de Madrid sino al país en su conjunto".
El Gobierno ha informado de que su objetivo es "establecer un marco jurídico claro que fije las obligaciones objetivas y precisas del Estado en materia de calidad acústica, compatible con la protección de los ciudadanos que viven en el entorno aeroportuario".
Este Proyecto adapta la Ley de Navegación Aérea a la más reciente normativa internacional y comunitaria en esta materia, y responde a la doctrina marcada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la 35º Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
En cuanto a las obligaciones del Estado, con esta reforma se incluirá garantizar que en las poblaciones circundantes a los aeropuertos se respeten los objetivos de calidad acústica fijados en la normativa estatal.
El Estado también deberá aprobar planes de acción que incluyan las correspondientes medidas correctoras y que garanticen los objetivos de calidad acústica que, conforme a la normativa estatal, sean aplicables al espacio interior de las edificaciones.
La Autoridad aeronáutica competente y al gestor aeroportuario estarán obligados a hacer una evaluación continuada del impacto ocasionado por la infraestructura a las poblaciones circundantes y a vigilar y sancionar los incumplimientos que se pudieran producir.
En general, deberá asimismo instar o adoptar las medidas necesarias para compatibilizar una explotación eficiente de la infraestructura aeroportuaria con los derechos de los dueños u ocupantes de los bienes subyacentes.
El Proyecto de Ley da un plazo de seis meses al Estado para que, en las grandes infraestructuras, las que registren más de 250.000 movimientos al año- se aprueben las servidumbres acústicas y los planes correctores correspondientes.
Tras conocer la aprobación del proyecto de ley, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha declarado a Efe que "Madrid celebra que el Proyecto de Ley atienda a la necesidad de alcanzar un justo equilibrio entre los intereses de la economía nacional y los de los vecinos afectados por el ruido producido por los aeropuertos, de manera que unos y otros queden protegidos".
