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Los vecinos afectados por las expropiaciones para la apertura del bulevar San Pedro, en el barrio del Cabanyal, ha presentado casi 80 escritos de alegaciones. Los afectados no están de acuerdo con la tasación conjunta de sus viviendas realizada por la Conselleria de Medio Ambiente que está valorando en 43.000 euros una vivienda de 80 m2 y 150.000 por una de casi 300 metros.

El primer proceso de expropiación forzosa y urgente iniciado en 2007. cuya tasación conjunta salió ayer publicada en el BOP, afecta a 117 inmuebles del futuro bulevar San Pedro, perpendicular a la prolongación de Blasco Ibáñez. Cabanyal 2010, la empresa pública creada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia para ejecutar el plan especial del Cabanyal. De las 117 propiedades, divididas en dos unidades de ejecución, Cabanyal 2010 ha llegado a acuerdos de compra con el 42% de los vecinos. Con el resto tendrá que acudir al Tribunal de Expropiaciones. Al margen de este proceso y apelando al carácter urgente de la expropiación la conselleria ha informado a los afectados de la ocupación forzosa de sus viviendas.

De las alegaciones presentadas por los vecinos, la consellería sólo acepta aquellas que discrepan sobre el precio de tasación y las que afectan a errores en la superficie de los inmuebles. Las alegaciones que reclaman la paralización del proceso de expropiación en base al principio de seguridad jurídica por estar el plan especial "sub iudice" han sido rechazadas. Entre los vecinos afectados se encuentra el ex presidente de Salvem el Cabanyal, Faustino Villora. El ex abogado de la citada plataforma también presentó una alegación en la que solicitaba la caducidad del proceso de expropiación en base a la nueva legislación urbanística y por incumplimiento del plazo de ejecución de los bienes expropiados con destino a patrimonio municipal del suelo (VPO). También ha sido rechazada. La conselleria tampoco admite los argumentos vecinales de que el plan urbanístico no ha pasado el trámite de evaluación ambiental.

El pleno del Ayuntamiento de Valencia acordó el pasado viernes paralizar los derribos en al zona declarada Bien de Interés Cultural entretanto los tribunales resuelven los recursos de competencias entre Gobierno, de un lado, y Generalitat y ayuntamiento, de otro. Las viviendas de la calle San Pedro, que pasa por ser la más antigua del barrio y también una de las más degradadas, no entran dentro del ámbito BIC por lo que la intención del ayuntamiento es seguir adelante con los derribos.