El IES Lluís Vives ocupa su ubicación actual, en el cruce las calles Marqués de Sotelo y Xàtiva, desde que la revolución La Gloriosa de septiembre de 1868 acabó con el reinado de Isabel II. Las nuevas autoridades revolucionarias se incautaron del entonces Real Colegio de San Pablo, que dirigía el presbítero Antonio Bravo, primo del todopoderoso ministro Juan Bravo Murillo, del ala derecha del partido moderado.

Para conocer la historia del edificio del Lluís Vives hay que remontarse a 452 años atrás, cuando en 1559 la Compañía de Jesús fundó allí el colegio de San Pablo, cuyo objetivo era formar los jóvenes que iban ingresar en la orden. En 1670 lo convertirían en el Seminario de Nobles de San Ignacio para instruir a los hijos de la nobleza.

Cuando en 1767 Carlos III expulsó a los jesuitas, el seminario paso a depender del Estado como Real Seminario de Nobles educandos de la Ciudad de Valencia. La Compañía acabaría retomando las riendas del centro con Fernando VII, pero tras su nueva expulsión en 1835, el edificio volvería a ser propiedad estatal como Real Colegio de San Pablo, un internado de élite.

Con la creación del Instituto Provincial de Enseñanza Media de Valencia en 1845, cuya primera sede estuvo en los locales de la Universitat en la calle La Nau, el internado fue adscrito al nuevo centro de bachillerato. El Real Colegio disponía de numerosas propiedades agrícolas y urbanas procedentes de los jesuitas que en 1855, según la tesis doctoral de Carles Sirera, generaban una renta de 93.291 reales.

Escenario de un asesinato

Bravo Murillo, en 1847, designó a dedo como director del internado a su primo, quien lo convirtió en una especie de coto privado, pues se negó a rendir cuentas ante el director del instituto. La falta de transparencia en su gestión y el conflicto de competencias entre ambos desencadenó un expediente en el que, además de irregularidades contables, se investigó la extensión del «vicio de sodomía» en el colegio, agresiones a alumnos y el asesinato de una pinche de cocina en un crimen pasional. El expediente llegó a los tribunales, lo que generó un escándalo en la ciudad.

Bravo se resistió hasta la incautación del centro y, según Sirera, a la hora de entregar el colegio «no tuvo reparos en confesar que no había ni un céntimo en la caja de caudales y que no sabía con certeza si había perdido algún título de deuda pública».