La diputada del grupo socialista en las Corts María José Salvador afirmó ayer que los recortes en el Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA) provocarán que casi 2.000 viviendas de protección oficial, la mayoría de ellas ya licitadas y el resto en proceso de tramitación, no se construyan.

Salvador lamentó que sean los trabajadores quienes «paguen las consecuencias de la nefasta gestión» de los gobiernos del PP, que han llevado «a la quiebra» a la Generalitat «después de 16 años de excesos, corrupción y despilfarro», indicó en relación al expediente de regulación de empleo anunciado para el Ivvsa. «Esta manera de proceder es un ejemplo más de la inadecuada dirección política del Ivvsa que ha provocado que en estos momentos 330 trabajadores teman perder su trabajo», criticó. Salvador indicó que es el momento de cambiar el modelo de crecimiento tras quedar demostrado que basar el desarrollo en la construcción «ha sido erróneo».

En la C. Valenciana continúa existiendo demanda de vivienda de protección pública, según Salvador, que defendió políticas de rehabilitación como medida fundamental para reactivar la economía. Respecto al descenso de licitación de obra pública, ha señalado que en los dos primeros meses del año ha descendido un 71,5 %, y en concreto la licitación de obra de la Generalitat ha pasado de los 36,7 millones de euros en 2011 a 5,4 millones.