La junta de distrito de Patraix aprobó ayer por unanimidad solicitar a Red Eléctrica Española e Iberdrola el traslado de la subestación eléctrica del barrio „situada en la avenida de Gaspar Aguilar„ a los terrenos que el Ayuntamiento de Valencia tiene reservados junto a la autovía V-30. La moción presentada por Compromís fue apoyada por todos los partidos, incluido el Partido Popular, por lo que el asunto llegará al próximo pleno donde, a propuesta de los partidos que lo presenten, debería aprobarse definitivamente la resolución. El consenso político alcanzado ayer por la junta municipal es esencial para lograr el cambio de ubicación de una subestación que según los vecinos representa un claro problema para la salud, además de que ha registrado dos importantes accidentes, el último el pasado 20 de noviembre.
La moción presentada ayer por Artur García, vocal y portavoz de Compromís en la junta de distrito de Patraix fue aprobada en sus dos puntos. En primer lugar se la junta acuerda pedir el traslado de la subestación eléctrica a la zona establecida por el Ayuntamiento de Valencia cerca de la V-30, junto al cementerio general y lejos de zonas habitadas. El segundo punto insta a Red Eléctrica Española e Iberdrola a llevar a cabo el traslado, e informar del acuerdo a los partidos políticos. «He intentado que se pactara que la resolución vaya directamente al próximo pleno, pero el PP lo ha desestimado», explicaba García.
Así pues, PSPV, Compromís y EU llevarán casi con toda seguridad la cuestión a la próxima junta de la corporación municipal para arrancar el apoyo del PP para lanzar una resolución conjunta.
La subestación de Patraix se construyó con la oposición vecinal, que ha expresado reiteradamente su rechazo a que esta infraestructura estuviera tan cerca de las casas habitadas, además de convocar numerosas manifestaciones.
Un año después de inaugurarse, la subestación eléctrica de Patraix sufrió una explosión en mayo de 2007. Tras aquel incidente, el Ayuntamiento de Valencia decidió clausurar la infraestructura como medida cautelar «por la situación de peligro generada», resolución que más adelante fue ratificada en el pleno municipal, que decretó la clausura «ante la carencia de rigor del ministerio por garantizar la seguridad de las instalaciones».
Sin embargo, aquella resolución se llevó un importante revés judicial. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana revocó los acuerdos municipales.
El pasado mes de septiembre cuando la protesta de los vecinos de Favara, que llevan en pie de guerra desde el inicio de la construcción de la instalación en 2005, volvió a adquirir fuerza cuando descubrieron en una publicación del Diari Oficial de la Comunitat, que hay un proyecto de ampliación en marcha de la instalación con un coste de 60.000 euros.
La oposición se acentuó el pasado 20 de noviembre cuando nuevamente se produjo un accidente en el interior de la subestación en el que un trabajador resultó herido con graves quemaduras en las manos cuánto manipulaba elementos eléctricos. También un bombero se lastimó y ambos fueron trasladados a urgencias.
