Diez años después de la construcción de un edificio de viviendas públicas en la calle del Marqués de San Juan, en el barrio de Sant Pau, el Ayuntamiento aún no ha conseguido vender todas las viviendas (de 45 quedan aún 14 vacías) y además ha agotado la lista de los 860 candidatos que se interesaron por estos pisos. El motivo es el elevado coste del metro cuadrado y las dificultades para conseguir un crédito, por lo que el Grupo Socialista ha pedido un abaratamiento de los precios o su salida en régimen de alquiler.
Este edificio de viviendas, construido en el año 2005, consta de 45 pisos de protección pública para los cuales se presentaron 860 candidatos. Una vez acabadas, se consiguieron vender 30 viviendas, pero las 15 restantes quedaron libres. Luego, esas viviendas se han ido ofreciendo progresivamente al resto de la lista y a día de hoy apenas se han logrado objetivos. Es más, la lista se ha agotado prácticamente.
Ayer, de hecho, la Junta de Gobierno Local aprobó la venta de uno de esos pisos y el ofrecimiento de los 14 restantes a los últimos 20 candidatos de la lista.
Para el socialista Vicent Sarrià, el motivo por el que no se han adjudicado esas viviendas es el elevado coste del metro cuadrado, que en principio era de 1.263 euros y que en 2008, durante la época de bonanza, la Generalitat elevó hasta los 1.869. Precisamente por ello, reclama una bajada de precios, que son los más altos de España, o su puesta en alquiler.
Agravio comparativo
«Es una inmoralidad tener pisos públicos vacíos mientras hay familias en Valencia que han sido desahuciadas o no tienen recursos para acceder a una vivienda digna», dijo Sarrià. «Es un espectáculo que pone de manifiesto la mala gestión que el Gobierno Municipal del PP hace de los asuntos públicos, lo que evidencia su ineficacia y desidia», añadió.
El concejal socialista no entiende que «mientras se están expulsando a familias de sus hogares, el Ayuntamiento se permite mantener viviendas vacías sin que cumplan la rentabilidad social para la que fueron construidas, en un claro ejercicio de despilfarro del dinero público».
