Los taxistas valencianos en sus vehículos y a pie, con el apoyo de compañeros de otras ciudades españolas, colapsaron ayer las calles del centro de Valencia como medida de protesta contra la supuesta corrupción en el sector y para demandar mayores inspecciones del intrusismo profesional.
Frente al Ayuntamiento, los taxistas dispararon una gran traca y desplegado otra pancarta de compañeros de Madrid que rezaba: «Contra el transporte ilegal, calidad y unidad profesional».
El presidente de la Federación Sindical del Taxi de Valencia y Provincia, Fernando del Molino, explicó que tienen «centenares de reivindicaciones», pero las más importantes son la retirada de licencias y una regulación más efectiva del sector que equipare oferta y demanda.
Al Ayuntamiento le reclaman que el carril del autobús y el taxi «no esté secuestrado por intereses hosteleros», que las paradas de taxi amplíen su capacidad, que se instalen paneles informativos y que se les incluya en el plan de movilidad. Decenas de vehículos se concentraron en la plaza San Agustín de Valencia para iniciar una marcha por la ciudad y llegar al Ayuntamiento, donde registraron un escrito con sus reivindicaciones, antes de iniciar la marcha por varias calles.
Los taxistas reprocharon a los responsables del Gobierno valenciano que hayan combatido con «contundencia» la corrupción que existe en el sector, además de recriminar que no hayan actuado contra las aplicaciones móviles ilegales o contra el intrusismo.
Convocada por la Federación Sindical del Taxi de Valencia y Provincia, la protesta contó con el apoyo de las principales asociaciones del Taxi de la Comunitat Valenciana y de asociaciones de Canarias, Barcelona, Madrid y Andalucía, según la propia organización. La protesta pretende exigir a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia que no permitan la situación de abandono y quiebra en la que está el sector y que les lleva a pensar que «puede existir una situación de prevaricación a favor de otras empresas de transporte y de empresas hoteleras».
«Sospechosamente, siempre hay intereses ajenos al taxi que salen beneficiados y al taxi no se le tiene en cuenta», añadió Del Molino. En él también hacen referencia a que esta situación provoca presuntamente una economía sumergida, una explotación ilegal de asalariados y un fraude a la Seguridad Social y a Hacienda, «lo que supondría que puede existir corrupción en la Conselleria de Transporte y en el Ayuntamiento de Valencia».
