El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha fijado hasta el próximo 1 de abril, a las 15 horas, el plazo para que los 17 acusados del caso Nóos abonen un total de 61,3 millones de euros en fianzas civiles, de los cuales 2,6 millones corresponden a la Infanta Cristina, a raíz de los perjuicios económicos derivados de la trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda que presuntamente urdieron el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres en torno al Instituto Nóos.
En cuanto a los otros ex altos cargos de la Comunitat Valenciana, Castro reclama 4,1 millones para el ex secretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón; 2,7 millones para el ex director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela y la ex directora de gestión Elisa Maldonado, y 1,3 millones para el también ex director general José Manuel Aguilar. En total, 10,8 millones. Finalmente, solicita 152.000 euros a la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen, que ya presentó un aval por esa cantidad.
Las cantidades responden a la suma de las responsabilidades civiles en que habrían incurrido los inculpados en el marco de estos hechos, las multas reclamadas por las acusaciones y el incremento en un tercio de todas ellas. El juez ha estipulado el cómputo mediante una providencia dictada este lunes, en la que les concede veinte días hábiles para hacer frente a los pagos.
En su auto de apertura de juicio oral, el juez relataba de forma pormenorizada cómo se defraudaron los fondos de Baleares, la Comunitat Valenciana y Madrid. Ahí despliega las supuestas irregularidades que rodearon al pago de 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y al de 382.000 euros que percibió Nóos por la celebración de unos Juegos Europeos en Valencia que nunca tuvieron lugar.
