José Escrich Martínez vive en un pequeño piso en la quinta planta de los bloques portuarios del Cabanyal de Valencia. El edificio, que se encuentra a treinta metros de primera línea de playa y con las mejores vistas de Valencia al mar Mediterráneo, tiene un problema: haber caído en medio de la prolongación de Blasco Ibáñez, lo que ha provocado su degradación ante la incerteza de su futuro y el abandono de las viviendas que expropió el ayuntamiento y que ahora ocupan familias que no son propietarias en su origen.
José es de los dos vecinos que quedan en el edificio de aquellas familias de trabajadores del puerto que las ocuparon en los años 50. En la actualidad, aquel edificio populoso se ha convertido en un suplicio para este extrabajador portuario y hotelero. «Le han pegado fuego dos veces al piso de arriba y un día me inundaron la casa porque se dejaron los grifos abiertos», relata amargamente José, quien asegura haber tenido que regresar hace unos años a la casa «para que no se lo llevaran todo».
La finca no tiene ascensor porque ha sido destrozado y ahora se utiliza para tirar escombros y basura. José, que ha sufrido tres infartos y tiene una discapacidad del 39 %, tiene que subir todos los días los casi 100 escalones del edificio. En el último desfallecimiento que tuvo, el Samu lo sacó en camilla de casa y en el descenso le rompieron dos vértebras, cuenta. Pero no puede dejar su piso porque no tiene a dónde ir.
El ayuntamiento y Pla Cabanyal-Canyamelar, la empresa constituida para impulsar la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar, le ofrecen 32.600 euros por la vivienda, a treinta metros de la playa. José, que tiene un hijo en paro y una nieta de cinco años defiende que con esa cantidad no pueden hacer nada. «Más que el dinero lo que quiero es otra casa con un alquiler social», reclama este hombre, que acude todos los días a un comedor social y que percibe una pensión de 365 euros al mes.
Mientras el ayuntamiento estudia una solución que no llega y que le obliga a vivir en condiciones infrahumanas, José asume con resignación esta situación. «Voy a casa de una amiga a lavarme y a ducharme los fines de semana», explica este hombre que reconoce estar enganchado, «como toda la finca», a la luz pública y que hace meses que no paga el agua porque la compañía le reclama más de 1.000 euros. «En esta finca no paga nadie. Y quieren que sea presidente», asegura.
Los vecinos de José van cambiando según se instalan unas familias u otras en los pisos vacíos expropiados por el ayuntamiento. La vivienda de arriba está totalmente abrasada y las escaleras llenas de escombros y basura. «Hay ratas en toda la finca, cucarachas y he llegado a tener chinches en el colchón», relata. Y es que la finca está en estado de semiabandono y se aprecian grietas de grandes dimensiones en paredes y techos. Pero José no se puede ir de la casa. Primero, porque no tiene otro lugar al que ir. Y segundo, porque sabe que en el momento deje la vivienda será ocupada por alguien desconocido y puede acabar destrozada. «Mi hijo tiene que pagar un alquiler porque aquí no puede traer a vivir a su hija porque este lugar es inhumano», sentencia. La falta de soluciones en el Cabanyal y la degradación del barrio por la incerteza de su futuro genera casos como el de José, atrapado en su propia casa.
