La imagen del cableado en superficie que afea las fachadas y el paisaje urbano y que muchos creían en vías de desterrarse regresa. Si hace unos meses vecinos de Orriols, Algirós y el Cabanyal denunciaban la proliferación de cableado aéreo en fachadas y calles ahora esta práctica ilegal ha llegado al denominado segundo Ensanche, que comprende los barrios ubicados entre la Gran Vía Marqués del Turia y Pérez Galdós.
En vez de soterrar las líneas, las empresas de servicios, sobre todo de telefonía, están instalando en superficie sus redes, en ocasiones con el único permiso de las comunidades de propietarios y de espaldas a la Oficina de Coordinación de Obras (Ocoval) de Valencia, que parece no tener control sobre esta situación.
Vecinos de la calle Santa María Micaela, el en límite del segundo Ensanche, han denunciado esta semana la colocación de cableado aéreo en sus fachadas. Los vecinos se lamentan de la «relajación» del ayuntamiento a la hora de controlar las prácticas de estas empresas de servicios. Para asombro de muchos vecinos los cables se colocan de un día para otro. En ocasiones, los operarios dejan colgados de las fachadas grandes rollos de cables, como los que han podido verse estos días en la calle Salvador Ferrandis, junto a Juan Llorens. La instalación de este cableado también ha llegado al entorno del Mercado de Abastos.
La ordenanza de Obras de Edificaciones y la de Zanjas y Catas en la Vía Pública obligan a llevar por el subsuelo todas las canalizaciones y servicios (telefonía, gas, alumbrado, etc). Sin embargo, la normativa no se está cumpliendo y se deja notar en la estética urbana. El ayuntamiento admite que hay cierto descontrol con la instalación del cableado y que hay empresas que se están saltando las ordenanzas. El año pasado se abrieron nueve expedientes sancionadores por este motivo. En lo que va de 2015 se han abierto ya siete, casi la misma cantidad en apenas tres meses que en todo un año. Las cifras, apunta el concejal de Coordinación Jurídica, Ordenanzas y Licencias, Félix Crespo, demuestran que «estamos encima» del problema, si bien el ayuntamiento también está limitado para actuar porque la ley urbanística tipifica estas infracciones como leves, con sanciones que van de 300 a 3.000 euros. Ante la baja cuantía de las multas, muchas empresas prefieren pagar la sanción que afrontar el coste que supone la apertura de zanjas para el soterramiento de las líneas.
El ayuntamiento asegura que la regulación de las sanciones se escapa a su competencia, pero no descarta que si el problema se generaliza haya que solicitar una modificación de la normativa.
Uno de los problemas que tiene Valencia es la inexistencia de galerías de servicios, es decir, canalizaciones compartidas por varios servicios. En Valencia, salvo en entornos como la Marina Real Juan Carlos I, el ayuntamiento no ha podido poner de acuerdo a todas las empresas para crear galerías de servicio y evitar la apertura continua de zanjas.
El Ayuntamiento de Valencia creó en 1992, junto con las compañías proveedoras de servicios (Iberdrola, Telefónica, Emivasa, Gas Natural Y ONO) la Oficina de Coordinación de Obras de Valencia, dependiente de la Concejalía de Obras en Vía Pública, con el objeto de llevar a cabo una gestión coordinada de las obras en vía pública, agilizando licencias y planificando la apertura de zanjas, para minimizar la afección al ciudadano.
Preguntado por el problema de la proliferación de cableado aéreo ilegal en la ciudad, el concejal de Obras, Francisco Lledó, derivó la responsabilidad a la Concejalía de Coordinación.
Los cables llegan al patrimonio industrial y la arquitectura singular
El cableado aéreo de las empresas de telefonía no respeta el patrimonio ni la arquitectura singular. Si hace unos meses, este diario denunció la colocación de rollos de cable en la fachada art dèco de la fábrica Bombas Gens, en la avenida Burjassot, esta semana los vecinos del edificio singular situado en el número 18 de la calle Santa María Micaela han dado la voz de alarma sobre la colocación de cables aéreos en el entorno del segundo ensanche. El conjunto de viviendas de la calle Santa María Micaela fue construido en los años 60 del siglo pasado por el arquitecto Santiago Artal para la cooperativa de agentes comerciales. Se trata de un conjunto de bloques de distintas alturas articulados en torno a un patio de uso común, con una fuente y lámina de agua, que a modo de gran plaza proporciona luz y ventilación a las viviendas, en su mayoría tipo dúplex y con amplias galerías de acceso.
