Las obras de rehabilitación del Palacio del Temple, sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, llevan dos años paradas y sin visos de reanudarse a corto plazo. El hallazgo de restos islámicos en los primeros meses de 2013 desencadenó la rescisión del contrato con el arquitecto ganador del proyecto, Carlos Meri, y éste inició un proceso judicial que está pendiente de resolución en la Audiencia Nacional. Incluso la contratación de un nuevo arquitecto ha sido llevada a los tribunales y adjuntada al mismo sumario, que ya está únicamente a falta de juicio.
Las obras, que consisten básicamente en la adecuación del palacio para el trabajo diario, la demolición de las construcciones traseras para construir otras nuevas y un pequeño aparcamiento, fueron licitadas por 10,4 millones de euros, aunque finalmente se adjudicaron a Acciona por 6,8 en un concurso muy reñido al que se presentaron cuarenta empresas.
Eso ya no gustó al arquitecto que había realizado el proyecto y que tenía la dirección de obra facultativa, Carlos Meri, quien temía que una «baja temeraria» de estas proporciones hiciera bajar las calidades o luego hubiera sobrecostes. Y la aparición de restos arqueológicos en los primeros meses de trabajo hizo el resto.
En enero de 2013 se encontraron cuerpos de la época islámica y en abril de ese mismo año salió un paño de la muralla árabe. Las obras fueron paralizadas. Había que hacer un nuevo plan para integrar los restos, lo que suponía un sobrecoste, algo que Meri discutió y terminó desencadenando su despido.
Lejos de cruzarse de brazos, el arquitecto valenciano recurrió el caso ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y luego, vía contencioso administrativo, ante la Audiencia Nacional, que es la que se encarga de dilucidar los casos relacionados con el patrimonio nacional (El Temple en Monumento Nacional desde 1978). Es más, el Ministerio, que anunció que seguiría el proyecto con sus propios medios, contrató primero a la empresa Tragsa y ésta a un arquitecto de Madrid, otra presunta irregularidad, según Meri, que se adjuntó también al proceso abierto en la Audiencia Nacional.
Tales circunstancias han hecho que el proyecto, paralizado ya más de dos años, siga durmiendo el sueño de los justos. La integración de los restos islámicos no deben ser, a juicio del arquitecto valenciano, un motivo para la paralización de la obra, pues es posible continuar trabajando en el resto del edificio claustral. Es más, su integración en el proyecto inicial no ofrece ningún complicación. Él mismo ya había hecho un proyecto en ese sentido. Pero cree que hay motivos, probablemente relacionados con la inestabilidad interna del ministerio que preside Cristóbal Montoro, que podrían estar influyendo.
Entre tanto, los funcionarios de la Delegación del Gobierno siguen instalados en el edificio de la calle Colón pagando un alto alquiler y con muy poco espacio.
