La imagen del Ayuntamiento de Valencia y de los 24 años de gobierno del PP se ha desplomado en tan sólo un año como consecuencia de la aparición de casos de corrupción como Nóos o la Operación Taula. Se trata, sin excepción, de contrataciones presuntamente irregulares que escaparon al control de los servicios municipales, lo que significa que esos servicios fallaron o simplemente no existían.
Para Ramón Vilar, actual concejal de Hacienda del tripartito, la segunda opción es la más ajustada. Simplemente, estamos ante un ayuntamiento «desregularizado». Es más, ante una administración «premeditadamente desregularizada» para evitar esos controles y tener manos libres para hacer y deshacer desde el poder.
Los «agujeros» están en tres áreas básicas para el control municipal, tanto para el control del gasto como para la recaudación de impuestos. En ambas parcelas se han detectado graves déficits de organización y personal. Se trata de la Intervención General, la Inspección y el Servicio de Auditorías.
Según Vilar, la Intervención es uno de los servicios que funcionan «medianamente bien», aunque con unas carencias de personas que debilitan mucho su trabajo. Además, sus informes han sido a menudo obviados, pues cada año aparecían en sus memorias cientos de «reparos» que al año siguiente se repetían.
Ahora, según el concejal, el servicio se verá reforzado para supervisar bien toda la documentación y las adjudicaciones. De hecho, ya se ha contratado a cuatro economistas para reforzar el área de Hacienda.
Lo verdaderamente deficiente, en cualquier caso, es el área de Auditorías. Según Vilar, ahora «no hay prácticamente nada». «Había un Servicio de Intervención Delegada y Auditorías que enviaba a sus expertos a los distintos entes autónomos» y se creó también el Servicio de Coordinación Fiscal, servicio que «ha sido disuelto para crear el de Auditorías» propiamente dicho.
La idea del nuevo equipo de gobierno es construir este servicio con un mínimo de cinco personas: un jefe de servicio que sea auditor, dos economistas como jefes de sección y dos administrativos. Pero además, se contratará a una empresa externa para auditar determinados contratos y a los entes autónomos.
Vilar puso como ejemplo dos casos denunciados por la Sindicatura de Cuentas, como son el teatro el Musical y el Retén de Bomberos de Ciutat Vella. «Si nos dicen que ahí ha habido problemas, le pedimos a estas empresas que auditen esos contratos y sabremos lo que ha pasado», dijo.
Si estos servicios hubieran existido, asegura Vilar, saltarse la ley a la hora de hacer contrataciones hubiera sido más difícil y probablemente no habrían surgido casos de corrupción en torno a contratos como los de la Mostra, la Rambleta, las Torres de Quart, el Instituto Nóos, el Bus Turístic, etc. Y considera que si no existían esos servicios es porque el anterior equipo de Gobierno no quería que existieran, es decir, existía una desregulación premeditada.
Para apuntalar su tesis, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia recuerda que la Ley de Estabilidad Presupuestaria implantada por el PP, la ley ideada por el ministro Montoro para evitar, entre otras cosas, la ampliación de las plantillas, hacía una excepción para contratar precisamente en el área de Hacienda y mejorar los sistemas de contratación y recaudación. Sin embargo, dice Vilar, «no se contrató a nadie», como no se contrató, eso sí, en la otra área para la que valía la excepción, que era la Policía Local.
Tres entidades que no se sometían a las reglas de la administración
La falta de regulación en las áreas impositivas y de contratación puede apreciarse también en los organismos autónomos del Ayuntamiento de Valencia. Explica Ramón Vilar que a su llegada a la Concejalía de Hacienda se fijó «inmediatamente» en tres entidades que no se ajustaban al funcionamiento normal de una administración pública y que gozaban, incluso, de privilegios que no eran propios en circunstancias normales.
Una de ellas es el Palacio de Congresos, cuyas tarifas no se ajustaban a unos precios públicos ni tampoco se informaba al consistorio de su política económica en ese sentido.
Otro era el retén de bomberos del puerto, organismo éste último que no pagaba canon alguno al consistorio cuando otras ciudades abonan una tasa anual o se responsabilizaban de los equipos.
Esta situación se resolvió precisamente la pasada semana con un nuevo convenio por el que se elimina ese retén y la Autoridad Portuaria paga 150.000 euros al año por el servicio que ahora se le prestará desde la central de la Avenida de la Plata. La colaboración de la Autoridad Portuaria de Valencia ha sido determinante para llegar a este acuerdo.
Y el tercero era el Bus Turístic. Este servicio lo tiene desde 1999, fecha de implantación, la empresa Transvia Tours sin pagar canon alguno por ello, lo contrario que ocurre en otras ciudades. Y ahora su propietario ha sido detenido y puesto en libertad por dar regalos, presuntamente, al también detenido y puesto en libertad Alfonso Grau, exvicealcalde de la ciudad. Se investiga un delito de cohecho que viene a sumarse a otros tantos.
