La nueva adjudicataria de la grúa municipal, la UTE Pavaparck Movilidad S. L., ha reclamado al Ayuntamiento de Valencia una compensación económica por el importante descenso del número de coches retirados. En concreto, la cantidad solicitada supera el millón y medio de euros por una reducción de los enganches del 50%, pero el consistorio ha decidido rechazar la propuesta, ya que el motivo es ajeno a la administración local y la empresa debía haber calculado los riesgos.
Parece que la relación de las concesionarias de la grúa con el consistorio no termina de consolidarse. Si la anterior empresa, Servicleop, terminó saliendo del servicio con numerosos contenciosos pendientes, la nueva adjudicataria, Pavaparck, que inició su andadura en julio de 2014, ya ha empezado a tener problemas con su gestión.
Sin haber cumplido aún los dos años de servicio, la empresa se ha dirigido al consistorio explicando que «se ha producido un sorprendente, brusco y repentino descenso en el servicio de retirada de los vehículos de la grúa», con la consecuente «disminución de los ingresos», que a día de hoy «no cubren los costes de explotación de la actividad» y hacen «inviable la concesión».
Partiendo del Plan Económico Financiero incluído en el contrato, la empresa habría dejado de ingresar 1.938.218 euros, aunque si se tiene en cuenta que también ha habido menos costes, exactamente 384.131 euros, la cantidad final asciende a 1.554.086 euros, cantidad que reclama al ayuntamiento para alcanzar «el restablecimiento del equilibrio del contrato».
El Ayuntamiento, sin embargo, ha dicho «no» a Pavaparck. Según la resolución, en el pliego de condiciones ya se incluía una estadística según la cual el número de enganches había descendido a la mitad entre los años 2008 y 2014, en los que se había pasado de 85.893 coches retirados a tan solo 48.261. El propio número de denuncias había bajado en esa proporción, siendo de 374.867 en el año 2010 y de tan solo 189.142 en el año 2014.
Motivos ajenos
Dice, así mismo, que no se da ninguno de los motivos que establece la ley para proceder al reequilibrio económico, entre ellos fuerza mayor, ruptura, modificación o incumplimiento del contrato por parte de la administración.
En todo caso, lo que ha habido, según la resolución, es un posible cambio en los comportamientos ciudadanos y una falta de previsión por parte de la concesionaria a la hora de calcular los riesgos.
El consistorio explica que la retirada de vehículos se produce siempre por decisión de un policía, nunca «de forma arbitraria», y que el descenso de esas órdenes obedece «a otras circunstancias que la administración no puede ni prever, ni modificar, tales como que con la crisis, el ciudadano no quebrante la norma o utilice menos el transporte privado».
La empresa tampoco puede alegar, según la resolución municipal, que no son comparables periodos de tiempo diferentes, pues con ese mismo argumento se puede pensar que a lo largo del contrato, al que aún le quedan siete años, prorrogables por dos más, esta situación puede revertir.
La culpa, por tanto, sería de la empresa, que teniendo toda esa información se presentó al concurso con una oferta que superaba incluso lo exigido. Así, de las 250 plazas para vehículos de 4 ruedas subió a 347, y de las de dos ruedas subió de 400 a 448. Es más, el pliego de condiciones establecía un mínimo de 20 grúas y ofertó 21, más 3 de reserva.
