El alcalde de Valencia, Joan Ribó, aseguró ayer que si el juez confirma el próximo 7 de octubre la imputación en el caso Imelsa del coordinador de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, «debería dejar el cargo». Hasta entonces, añadió el alcalde, debe ser el grupo socialista el que determine la situación de Rubio en el cargo directivo que ocupa, a propuesta del PSPV, en la Concejalía de Desarrollo Urbano. Así lo aseguró ayer el alcalde de Compromís tras conocerse que el juez del Caso Imelsa ha llamado a declarar como investigado (antes imputado) al que fue portavoz del PSPV en la diputación y después de que el propio Rubio pusiera ayer por la mañana su cargo a disposición del alcalde y de la portavoz de su partido, la socialista Sandra Gómez. Esta, por su parte, aseguró que habrá que esperar a la declaración de Rubio ante el juez y a la decisión del magistrado del próximo 7 de octubre.

El alcalde aseguró que con Rafael Rubio se actuará «igual que con el resto de casos» de imputados del ayuntamiento. Hay que recordar que nueve de los diez concejales del grupo municipal y del PP y 36 asesores están imputados por un posible delito de blanqueo de dinero en el grupo municipal durante el gobierno de Rita Barberá, también imputada por el Supremo. Rubio salió ayer al paso de las declaraciones del ex gerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, por su posible implicación en las contrataciones irregulares, los denominados «zombies», en Imelsa.

Rubio compareció ante los medios de comunicación para asegurar que no ha hecho «absolutamente nada» de lo que tenga avergonzarse y que su «hoja de servicios después de 30 años de trabajo por esta ciudad y por esta Comunitat, está inmaculada y seguirá estando inmaculada».

Al margen de la decisión que tome el gobierno de la Nau, Rubio asegura que se tomará unos días para reflexionar sobre su futuro. «No estoy dispuesto a pasar por un viacrucis que no me toca padecer», destacó el que fue concejal y portavoz del PSPV en el ayuntamiento. .«No estoy dispuesto a que mi entorno más inmediato pase por un calvario mediático que no se merecen y que no voy a estar favoreciendo eso», remachó.

Rubio, que tiene plaza como funcionario del grupo A en el consistorio, afirmó que no ha firmado contratos irregulares y que los nombramientos de asesores que hizo como consejero de Imelsa no eran «zombies». Todos ellos, insistió, «cumplían sus funciones» marcadas en su contrato laboral que eran «funciones de asesoramiento y asistencia al señor Rafael Rubio en tanto en cuanto sea miembro del Consejo de Administración de Imelsa».

Rubio, que será investigado junto a otros dos exdiputados provinciales, Raúl Pardos (PSPV) y Salvador Enguix (PP), así como a un exasesor de esta última formación política, explicó ayer que «en un cargo de designación no se aparta: o se va o lo cesan» y desde esa perspectiva está«a disposición de lo que el alcalde considere oportuno».

Rubio confió en que «el PP no quiera instrumentalizar este caso» y que no se convierta en una «batalla». «Espero que le otorguen en mi caso la misma falta de credibilidad que cuando Benavent desacredita a cargos del PP».