El portavoz del Grupo Popular de Valencia, Eusebio Monzó, denunció ayer que los presupuestos del ayuntamiento para 2017 «consolidan la subida de impuestos y priorizan el aumento de la administración municipal frente a las políticas activas de empleo». A su juicio, el equipo de gobierno «ha perdido la oportunidad para que el ayuntamiento se convierta en actor destacado de la revitalización económica de la ciudad».

Monzó asegura que «el tripartito mantiene la subida de impuestos y deja además la puerta abierta a que suban tasas como la de ocupación de la vía pública para terrazas de bares y cafeterías». «La subida de impuestos ha quedado manifiesta cuando el propio alcalde Ribó ha reconocido que la recaudación proveniente del incremento del IBI asciende a 10 millones de euros», por lo que Monzó considera «un hecho objetivo» que el aumento de la recaudación «es consecuencia directa de la subida del impuesto».

También advirtió de que «el incremento de los ingresos se produce en gran medida gracias a la refinanciación de la deuda que acometió en su momento el gobierno del PP, así como a la subida de las transferencias del Estado».

«El alcalde ha perdido una nueva oportunidad para que el ayuntamiento se convierta en actor destacado de la revitalización económica de la ciudad», pese a contar con «más recursos que ningún otro gobierno municipal». Para el portavoz popular, «este presupuesto, en líneas generales, va a aumentar la administración municipal y el gasto público, consolidando la subida de impuestos y sin contener inversiones productivas».

Por su parte, Ciudadanos ha denunciado que el tripartito está incumpliendo sus compromisos de dar ayudas al comercio y el empleo para los jóvenes en los presupuestos de 2017. «En un primer análisis de los presupuestos presentados hoy no se han visto partidas suficientes destinadas a estos fines, algo a lo que se comprometieron en el pleno del pasado mes de septiembre al asegurar la creación de una línea de subvenciones para compensar el IBI a los, aproximadamente, 300 locales afectados por la normativa y que sufrieron un incremento de unos 800 euros de media por local», explicó el portavoz del grupo, Fernando Giner.