La Asociación de Vecinos de Castellar-Oliveral celebró el miércoles por la noche una asamblea para informar de las alegaciones presentadas al proyecto de ampliación de la V-30 que impulsa el Ministerio de Fomento. Un centenar de vecinos asistió a la reunión en la que se expusieron los efectos de la ampliación de esta infraestructura sobre este núcleo de población mostrando los planos y estudios extraídos del documento que está en información pública hasta el próximo 21 de noviembre y al cual han puesto reparos las administraciones valencianas y los municipios afectados por haberse tramitado de manera unilateral y sin tener en cuenta los planes de movilidad sostenible que impulsan las administraciones valencianas en el área metropolitana.
La presidenta de la asociación de vecinos de Castellar, Empar Pujades, justificó la «lógica oposición» a este proyecto, que supondrá una inversión de 145 millones de euros y la ampliación de la calzada actual de ocho a 12 carriles, porque acarreará nuevas expropiaciones e huerta y tierras de cultivo en la población, muy castigada ya por las obras de la propia V-30 y la V-31 que rodean la población. El proyecto, asegura la entidad supondrá «en general un grave empeoramiento de la calidad de vida en Castellar-Oliveral».
En la reunión, a la que asistió también el alcalde pedáneo, Alejandro Ramón, se apeló a la unidad de los vecinos ante el desarrollo futuro de este proyecto. Los vecinos de Castellar advierten en sus alegaciones de que el proyecto de Fomentó está basado en estudios del tráfico que han quedado desfasados.
Rechazo con matices
En relación a las alegaciones, el Ayuntamiento de Valencia también aprobará, previsiblemente hoy, sus alegaciones finales al proyecto de la V-30. El rechazo manifestado por el concejal de Movilidad Sostenible, Giusseppe Grezzi, al proyecto al entender que contraviene las nuevas políticas de movilidad sostenible y de fomento del transporte público y entra en contradicción con medidas como la pacificación del tráfico en la avenida del Cid, ha quedado suavizado en el informe final, según ha sabido este diario, con el objeto de evitar que la inversión anunciada en esta infraestructura se pierda, tal como advirtió en declaraciones a este diario el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues.
