El Comité Económico y Social (CES) de la Comunitat Valenciana ha puesto reparos a la expropiación del suelo agrícola abandonado, una de las principales y polémicas bazas de la futura ley de la Huerta del Consell, advirtiendo de que puede generar «inseguridad jurídica». Asi lo asegura el dictamen sobre el anteproyecto de ley de la citada normativa que acaba de emitir este órgano consultivo. El Comité Económico y Social rechaza el «arrendamiento forzoso» o la «cesión temporal del uso» de las fincas agrícolas si no se demuestra mala fe o dolo en el abandono de la actividad del propietario porque Consellería «inseguridad jurídica» y una inversión de la carga de la prueba que perjudicaría al agricultor.
El CES entiende que las tierras en desuso donde no esté acreditado esa intencionalidad de abandono, «no debería considerarse suelo agrícola infrautilizada» ni ser objeto de la declaración de incumplimiento de la función social que, según el nuevo régimen jurídico del suelo agraria que prevé la normativa, daría po testad a la Administración para quedarse estas tierras. El CES no concreta como debe determinarse cuando hay o no dolo en el abandono de la tierra.
Este órgano consultivo de la Generalitat considera que la nueva normativa debería fomentar sistemas de mediación de solución extrajudicial de conflictos para «evitar las situaciones de arrendamiento forzoso de la parcela o cesión temporal del uso».
El comité considera, afirma el informe, que «el abandono de las explotaciones agrícolas se produce, fundamentalmente, por la escasa rentabilidad de las explotaciones» y entiende por ello que el arrendamiento forzoso previsto en la ley «debería revisarse para garantizar los principios de equidad y seguridad jurídica».
El CES pone en solfa igualmente la falta de previsión económica y financiación de la nueva normativa de la huerta, una de las leyes estrellas de la consellera de Vivienda y Vertebración del Territorio, la socialista María José Salvador, que carece de un estudio de viabilidad que «permita valorar con precisión las necesidades y cuantías de las dotaciones públicas para que los propietarios puedan continuar con su actividad».
En varias ocasiones a lo largo del dictamen, el CES insiste en la falta de «compromiso económico» y en que deben articularse «mecanismos de financiación» para dar cumplimiento a las ambiciosas medidas previstas en la ley de la Huerta, el instrumento legal que permitirá desarrollar, a su vez, el Plan de Acción y Dinamización de la Huerta.
Una ley para toda la Comunitat
El comité también echa en falta una visión más amplia de la normativa. La huerta no es solo espacio de los regadíos históricos del Tribunal de las Aguas, la acequia de Montcada, el Canal del Turia y las huertas de Picanya, Paiporta, Torrent y Catarroja. Aboga en este sentido por elaborar una ley de huerta para toda la Comunitat con las especificidades de cada zona geográfica.
El dictamen insta, en la parte de protección del paisaje, a que se arbitren mecanismos de control de las infraestructura de los bordes urbanos de la huerta para mantenerlos como zona de transición y evitar su urbanización. Aconseja igualmente la elaboración de un catálogo de árboles singulares de la huerta.
En relación al suelo «de alta capacidad agrológica», que se blindará como suelo no urbanizable protegido, el Comité Económico asegura que para su conservación los poderes públicos deben marcarse como objetivo estratégico su «sostenibilidad económica y ambiental» y establecer «instrumentos financieros para compensar a los agricultores y agricultoras».
Compensar a los agricultores
En relación al organismo de gestión de la huerta, el informe del CES aboga por denominarlo Consorcio de la Huerta de Valencia y propone que se incluya entre sus funciones la de programar y gestionar «mecanismos de compensación económica para las personas que se dedican a la agricultura por el mantenimiento de los elementos característicos de la Huerta de Valencia y por mantener la actividad».
El comité estima necesario que en la estructura de este órgano gestor, donde tendrán presencia las comunidades de regantes, los ayuntamientos, la diputación y la conselleria, haya «predominio» de los agricultores y se dé igualmente entrada a los distribuidores y consumidores, a los sindicatos, organizaciones empresariales y sindicales. En la misma línea el CES considera necesario «la mejora e implantación de redes de comercialización y distribución que integren de manera eficiente los productos de la huerta».
