El secretario autonómico de Vertebración del Territorio, Josep Vicent Boira, reprochó ayer al Ministerio de Fomento que tenga una vara de medir distinta para cada ciudad tras conocerse que asumirá la deuda de 400 millones de euros de la Sociedad de Alta Velocidad de Valladolid, mientras en València insiste en que la financiación de obras ferroviarias como el túnel de Serrería deben ser asumidas por las administraciones locales al entender que son operaciones urbanísticas.

Boira denunció a través de las redes sociales y en declaraciones a este diario que mientras el nuevo presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Juan Bravo, asegura en la capital castellanoleonesa que «no queremos que el tren sea un problema sino una solución a los problemas urbanísticos de Valladolid», en Valencia, cambia el discurso y asegura que «el interés del soteramiento es municipal y urbanístico no ferroviario» en alusión a la prolongación del túnel de Serrería. Así lo asegura el presidente de Adif en la carta remitida el 1 de marzo al alcade de Valencia, Joan Ribó, que acompaña el estudio económico y de viabilidad técnica del túnel de Serrería, bloqueado desde hace año y medio en Madrid, y cuyas conclusiones se han dado a conocer ahora con tres alternativas (una de ellas sin soterramiento) ninguna de las cuales contempla financiación estatal. El citado túnel es una infraestructura clave para el corredor Mediterráneo que además permitirá coser los barrios de la fachada marítima.

El Ministerio de Fomento y las administraciones locales de Valladolid han llegado a un acuerdo para liquidar la sociedad constituida en su día para impulsar la llegada del AVE soterrado a la ciudad, una operacion diseñada por Richard Rogers. La sociedad contrajo para las obras una deuda superior a los 400 millones de euros. Las infraestructuras, sin embargo, no se han terminado y la ciudad ya no ve viable el soterramiento por lo que ha optado por una solución barata para la integración del ferrocarril en la ciudad sin soterramiento de las vías y a través de túneles y pasos elevados y cuyo coste se reduce a 72 millones.

Una solución que a juicio del secretario autonómico de Vertebración podría explorarse en Valencia, aunque sin renunciar al soterramiento. Boira recordó que la estación provisional del AVE la utiliza Adif aunque la pagó la sociedad Valencia Parque Central. La sociedad, creada en 2003 para impulsar el soterramiento de las vías del AVE, el túnel pasante y la estación central, tiene una deuda de 135 miillones de euros, a la que de momento y a falta de los retornos del aprovechamiento del suelo residencial y terciario del ámbito, están haciendo frente las tres administraciones implicadas.

Boira destacó que «cuesta digerir las facilidades» que Fomento da en unas ciudades y niega a otras. En esta línea, abundó en la situación de asfixia financiera de la marina de València, lastrada por una deuda de 440 millones de euros que el Gobierno se niega a asumir como hizo en otros grandes eventos deportivos como las olimpiadas.

Los responsables del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat se reunen esta tarde con los de Adif para analizar la alternativa que impulsa el ministerio de Fomento para abaratar el coste de la operación del Parque Central.