La Asociación de Inquilinos de Vivienda Pública ha denunciado la decisión de la empresa municipal Aumsa de vender 46 viviendas públicas en el Cabanyal habiendo familias en lista de espera para conseguir una vivienda social. Si la empresa necesita dinero, dicen, que vendan las viviendas en mal estado y los bajos comerciales que tienen en Ciutat Vella.

El Consejo de Administración de Aumsa aprobó el pasado lunes la venta de numerosas viviendas en distintos puntos de la ciudad. Además del apartamento de la Plaza Lope de Vega por el que han cobrado 166.000 euros, se han puesto a la venta también 46 viviendas de un edificio de 133 pisos construido en su día para realojar a familias del Cabanyal. Este edificio, situado al final de la Avenida de los Naranjos, ya tiene 56 viviendas vendidas y 21 en alquiler. Y ahora se vende el resto.

Por otro lado, la Sociedad Plan Cabanyal ha sacado a la venta otro lote de 15 viviendas en este mismo barrio. Con anterioridad ya se vendieron 11 en estado ruinoso.

Pues bien, la Asociación de Inquilinos de viviendas Públicas denuncia esta operación y asegura que dirigirá su protesta a todos los grupos políticos. Trini Piquer, presidenta de la entidad, asegura que «si Aumsa necesita dinero, puede vender algunos de los muchos bajos comerciales que tiene en Ciutat Vella». Según dice, hay más de un centenar y la mayoría debería convertirse en viviendas para personas mayores, discapacitados, etc. pero el resto pueden salir a la venta y generar importantes ingresos.

«Lo que no se puede hacer -dice- es vender las viviendas del Cabanyal. Las que están en mal estado pueden sacarlas a la venta porque allí no puede entrar nadie, pero las que están bien hay que destinarlas a vivienda social, porque hay muchas familias en lista de espera para que les den una vivienda pública». Sólamente la asociación ha presentado 25 solicitudes a Aumsa para conseguir una vivienda y no se la han dado, dice Piquer, que asegura que en la actualidad ni la administración autonómica ni la local disponen de viviendas sociales. «Hay muchas familias, jóvenes con sueldos bajos o familias monoparentales que no pueden alquilar una casa en el mercado libre ni están en condiciones de conseguir una hipoteca, así pues, hay que dar respuesta a estas personas antes que vender las casas a gente que igual no las necesita», explica la portavoz de la asociación.

Piquer pide, por tanto, que las viviendas en mal estado se vendan y que las que están en condiciones de ser habitadas se den a familias necesitadas con un alquiler social. Propone, así mismo, que los bajos comerciales de Ciutat Vella se conviertan en viviendas sociales y accesibles y que los que no puedan convertirse en viviendas se pongan también a la venta. «Si necesitan dinero, ahí tienen una posibilidad, pero lo que no pueden hacer es vender pisos habiendo gente que los necesita», insiste. Su intención ahora es dirigir su protesta a todos los grupos políticos para tratar de evitar lo que consideran un despropósito.