La concejala de Bienestar Animal, Glòria Tello, tuvo que fajarse ayer en el pleno municipal para tratar de neutralizar las andanadas de la oposición, que la acusaron de privatizar la gestión del núcleo zoológico de Benimàmet (la perrera) y faltar a su supuesto compromiso animalista. Tello aseguró que la gestión se municipalizará, aunque al mismo tiempo admitió que tendrá que sacarla a concurso en atención a las recomendaciones de la Intervención General y por imposición de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Lo que sí hará es poner controles permanentes de los técnicos municipales y darle participación en esos controles a las propias protectoras.
El debate se planteó por una moción de la concejala del PP Lourdes Bernal en la que pedía que se paralizara el concurso para la gestión de la perrera y se diera prioridad a las protectoras de animales, que son las que han llevado la gestión en las últimas décadas. Proponía, así mismo, instar a la Generalitat Valenciana para declarar a la comunidad territorio de «sacrificio cero».
Para Bernal, el concurso actual deja fuera a las protectoras al no poder acreditar el volumen de negocio que se exige, lo que significa dejar fuera a «los principales garantes de los derechos de los animales». «Su gestión es una barbaridad que genera miedo», le dijo Bernal a Tello.
También la concejala de Ciudadanos, María Dolores Jiménez, se sumó a la preocupación por la privatización de la perrera, que llegó a calificar como el «Guantánamo animal» de Valencia. A su juicio, las empresas van a ganar dinero y además no hay ni una sola compañía valenciana que cumpla los requisitos exigidos. Por tanto, cree que lo mejor que puede hacer es retirar el concurso y pedir ayuda a la Diputación y a los pueblos. En definitiva, hablar.
La ley manda
Pero Glòria Tello rechazó todas las acusaciones. «¿Tienen ustedes vergüenza?», les preguntó de inicio, porque, según recordó, los 24 años de gestión del PP han sido «nefastos». Y a renglón seguido explicó el motivo de su propuesta. Según dijo, en el pliego de condiciones se dio prioridad a las protectoras, pero tanto la Intervención General como el abogado del ayuntamiento le dijeron que había que cumplir la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y hacer un contrato sin priorizar a nadie.
Aún así insistió en el término municipalización, cuestionado por la oposición, ya que, según dijo, los técnicos municipales tendrán el control de la gestión y garantizarán que no hay sacrificios. Es más, aseguró que las protectoras participarán de alguna manera en la supervisión de la gestión.
La moción fue rechazada con los votos del equipo de gobierno municipal.
